Amnistía Internacional reunió evidencias de que Dina Boluarte se reunió con comandos de la Policía y el Ejército durante días de crisis, pese a que lo negó ante la Fiscalía, por esto, indicaron que podría ser considerada como autora mediata por graves violaciones de derechos humanos.
Jhon Mendoza Huarancca, de Ayacucho, es una de las 50 personas que perdió la vida durante las manifestaciones contra Dina Boluarte al inicio de su mandato. El 15 de diciembre del 2022, volvía a casa cuando se cruzó con las protestas cerca al aeropuerto. Su hermana Yovana contó que existen videos donde se ve que los militares le dispararon y no permitieron que nadie lo auxilie. El joven no pudo despedirse de su mamá Apolonia que se encontraba delicada de salud y quien dos meses después partió en medio de un profundo dolor.
Ha transcurrido un año y siete meses desde aquel trágico momento y la familia aún no encuentra justicia, pese a contar con evidencias, que ahora tienen el respaldo de Amnistía Internacional, en su informe ¿Quién disparó la orden?. El cual concluye que la presidenta podría ser considerada como autora mediata por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante dichas fechas.
“Desde el día uno hubo decisiones consientes por parte de la presidenta. Ella desoyó los informes de inteligencia afirmando que las personas manifestantes no tenían vínculos con terroristas ni criminales y que el número de protestantes en la calle no ameritaba el despliegue de las Fuerzas Armadas, pero no hizo caso de la información (...) Ella sabía lo que estaba pasando y el no haber hecho nada podría conllevar a responsabilidades penales”, enfatizó la investigadora Madeleine Penman.
La profesional resaltó que se han encontrado pruebas de que la Policía Nacional del Perú (PNP) mandó una fuerza élite de combate entrenada en el uso de armas letales a regiones para hacer frente a los manifestantes y que según un registro escrito hubieron ordenes verbales de mandos del Ejército para disparar más de 1.200 veces en Ayacucho el día que murió Jhon Mendoza junto a otros nueve jóvenes.
En ese sentido, hizo énfasis en las declaraciones bajo juramento ante la Fiscalía de la jefa de Estado de no haber tenido contacto con los comandos de la Policía y las Fuerzas Armadas cuando las evidencias señalan todo lo contrario. Según el informe, Dina Boluarte se habría reunido con jefes miliares y policiales al menos nueve veces en diciembre del 2022.
Asimismo, Madeleine Penman sostuvo que de acuerdo al acta del Consejo de Ministros, la mandataria presidió 29 reuniones durante las semanas de crisis en el país, pero no cambió de estrategias para detener las manifestaciones. Agregó que existiría un posible encubrimiento en las investigaciones por parte de los entes judiciales. Por ejemplo, en el 2023, durante la gestión de la exfiscal Patricia Benavides, las diligencias se detuvieron.
“Los ojos del mundo están sobre Perú y el mundo, no se ha olvidado de estos episodios que podrían ser uno de los más graves de violaciones de derechos humanos masivos desde el conflicto armado interno. Perú debe responde ante ello”, refirió.
Las marchas contra el Gobierno de la presidenta Boluarte, dejaron cientos de heridos en el sur del país. Por ese motivo, Marco Marco Antonio Samillán Sanga, de 30 años, un estudiante de salud de Juliaca, acudió a la protesta del nueve de enero del 2023 para auxiliar a las víctimas de la represión policial, pero nunca más volvió a casa.
“Salió para ayudar al prójimo, pero le dispararon a la altura del riñón. Pudo salvarse si lo hubiéramos socorrido, pero no paraban los disparos. Mi familia continúa enlutada y llorando su ausencia. Él estaba acabando su carrera de medicina, pero ya era biólogo, tenía su consultorio. Era una pieza fundamental de mi casa, pero este Gobierno nos lo arrebató”, señaló su hermana Milagros.
Los familias de los deudos precisaron que participarán de las manifestaciones programadas para fines del presente mes con el objetivo de exigir justicia. Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, invocó a las autoridades a respetar las marchas pacíficas y a ejercer control en el marco del respeto de los derechos humanos.
Añadió que la mandataria en su mensaje del 28 de julio podría mostrar voluntad política y disculparse con el país por lo ocurrido en diciembre del 2022 y enero del 2023.
