Luego de no pronunciarse durante casi un mes, el Poder Ejecutivo decidió observar la autógrafa de ley sobre el nombramiento de docentes de forma inmediata.
De acuerdo a un documento firmado por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, esta autógrafa contraviene el Principio de Equilibrio Presupuestario, ya que generaría gastos "sin contar con recursos suficientes para su financiamiento".
Asimismo, el oficio escrito por el gobierno menciona que, de acuerdo al artículo 79 de la Constitución Política, los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, algo que vulneraría aquella autógrafa de ley propuesta por el Parlamento.
Al respecto, el exministro de Educación, Idel Vexler, había manifestado su oposición a esta ley. En una entrevista exclusiva con La República, Vexler afirmó que, de aprobarse, "la Carrera Pública Magisterial basada en evaluaciones, capacitaciones y reconocimiento de méritos está en peligro de destrucción".
Según datos proporcionados por el exministro, en los años 2022 y 2023 se nombraron 75.000 maestros, ascendieron 65.000 y se designaron cerca de 11.000 docentes. Para el año 2024, se han inscrito 250.000 aspirantes para 50.000 plazas presupuestadas en el concurso de nombramiento, y recientemente se convocó el concurso de ascenso.
Hace un mes, con 64 votos en contra, 28 a favor y 23 abstenciones, el pleno del Congreso había rechazado la reconsideración de la votación referente al dictamen que proponía el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación básica regular.
Al respecto, el Consejo Nacional de Educación (CNE) solicitó al Congreso de la República a mantener un comportamiento responsable frente a la formación de los estudiantes y una actitud ética frente a los procesos de nombramiento de docentes.
Cada año, decenas de profesores se inscriben y participan en un concurso público del Ministerio de Educación para acceder al nombramiento permanente.
Sin embargo, de aprobarse la ley de nombramiento automático, la prueba de rigor se eliminaría y los profesores obtendrían aquel beneficio con solo tener tres años o más como contratados.
Desde IPAE Acción Empresarial, expresaron que la decisión del Congreso de la República de aprobar diversas iniciativas legislativas que permiten el nombramiento automático de miles de docentes representa un golpe decisivo y deteriora la Ley de Reforma Magisterial.
Asimismo, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), mediante sus redes sociales, pidió al Ejecutivo que observe la norma que beneficiaría a 150 mil profesores. La organización privada rechazó el texto al considerar que atenta contra la meritocracia educativa.
Desde el lado del Parlamento, una de las voces que se mostró más en contra de esta ley fue el de la congresista Flor Pablo, quien presentó una reconsideración al dictamen, sin embargo, fue rechazada. Ella lamentó esta decisión y dijo que la propuesta no hace más que “condenar a los peruanos a una educación mediocre”.
