Faltando tres días para que venza el plazo de ley, el Gobierno decidió escuchar a los defensores de la educación pública. Autógrafa volverá al Congreso para su revisión.
Ocurrió lo lógico. El Ejecutivo informó anoche que habían decidido observar la autógrafa del Congreso que propone el nombramiento automático de más de 150.000 docentes contratados que enseñan o enseñaron en colegios públicos del país, sin evaluaciones ni concurso público. La decisión se toma faltando tres para que venza el plazo de ley.
La norma propone que se nombre de manera inmediata a los maestros que tengan tres años de contrato de manera consecutiva o escalonada, con la simple presentación de los documentos que acrediten su vínculo laboral con el estado, a través del Ministerio de Educación, las Ugel o las Direcciones Regionales de Educación.
La propuesta que, según exministros como Flor Pablo e Idel Vexler, amenaza con destruir la meritocracia, volverá a la Comisión de Educación donde sus integrantes están obligados a recoger las observaciones del Ejecutivo y someterlas a un nuevo debate. Luego, si cuenta con los votos suficientes que sustenten su aprobación, pasará al Pleno del Congreso. De lo contrario será archivada.
“La Comisión de Educación debe archivar esta medida que vulnera el derecho de todos los peruanos a acceder a una educación pública de calidad”, sostuvo Pablo en sus redes sociales.
En la víspera, varios expertos señalaron en La República lo negativo del proyecto impulsado por la bancada Bloque Magisterial.
José Luis Gargurevich, exviceministro de Educación, comentó que esta norma transgrede las políticas meritocráticas y no es justa para los docentes que han logrado su nombramiento mediante evaluaciones.
En esa línea, el secretario general del Sutep Región Lima Metropolitana, Gilmer Meza, manifestó su oposición a esta autógrafa de ley debido a que “este tipo de procesos deben ser transparentes y sobre todo se debe imponer la meritocracia”.
Lo mismo señaló la exministra de Educación Marilú Martens, para quien “esta medida es irresponsable, por lo que debe ser observada por el Poder Ejecutivo, y si es aprobada por insistencia, se tendrá que llevar al Tribunal Constitucional”.
