Otros de los funcionarios implicados son el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y el director general de operaciones especiales de la PNP.
El Informe de Amnistía Internacional concluyó que la presidenta Dina Boluarte puede ser considerada como autora mediata por las graves violaciones de derechos humanos durante protestas ocurridas en los primeros meses de su gobierno.
El informe: ¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú presentado este jueves 18 de julio, señala que Dina Boluarte mantuvo una coordinación constante con los altos mandos policiales y militares en las fechas de mayor represión y no dio ninguna orden para detenerla.
“Ella sabía lo que estaba pasando y el no haber hecho nada podría llevar a responsabilidades penales”, detalló Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional.
Cabe señalar que, en la declaración bajo juramento que dio ante la Fiscalía negó haber tenido contacto con la PNP y las FF.AA., sin embargo, este testimonio es desmentida por el informe.
"La presidenta no solamente mantuvo una comunicación constante con los ministros y mandos policiales y militares durante los días en los que un número de personas resultaron heridas o muertas en las protestas, sino que, además, decidió ascender a funcionarios que habían tenido roles clave durante el desarrollo de las operaciones", señala la publicación.
Hay otros cuatro funcionarios señalados como responsables, entre los que están el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y el el director general de operaciones especiales de la PNP.
La organización indicó que ahora queda en manos del Ministerio Público y del Poder Judicial continuar con las investigaciones que determinen las responsabilidades penales por las muertes en las manifestaciones.
El informe de Amnistía detalla que desde un inició hubo un discurso desde el Ejecutivo que estigmatizó y acusó a quienes protestaban en contra de Dina Boluarte como terroristas, pese a que nunca se encontró una pruebe que certifique eso.
Familiares de las víctimas de las protestas confirman que participarán en las marchas del 26,27 y 28 de julio y solicitan garantías para sus vidas.
Amnistía Internacional considera que Jefa de Estado podría pedir perdón al país el 28 de julio en su mensaje a la Nación.
