El Ejecutivo le ha propuesto al Congreso reducir los fondos con los que el órgano de control financia las actividades de los auditores, con lo que se afectaría gravemente la lucha contra la corrupción gubernamental en las obras públicas.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha presentado a la Comisión de Presupuesto del Congreso, una drástica reducción del financiamiento del control concurrente, una modalidad de fiscalización de la ejecución de obras públicas que aplica la Contraloría, y que en los últimos cinco años ha logrado un ahorro de fondos públicos que supera los S/5.000 millones.
En la actualidad el control concurrente alcanza al 67% del aparato estatal con 56.000 mil intervenciones, pero de aprobarse el proyecto del Ejecutivo la cobertura disminuirá a un 27% y las intervenciones a 14.000, lo que implicaría un grave retroceso en la lucha contra la corrupción gubernamental.
Según informó la Contraloría, los actos de corrupción e inconducta funcionaron ocasionaron pérdidas por más de S/24.000 millones de fondos públicos. Con la reducción de las operaciones de control concurrente, se estima que dicha cifra se disparará.
En el proyecto de créditos suplementarios asociados a mayores gastos que ha remitido el Ejecutivo a la Comisión de Presupuesto, se incluye una disposición que afecta la capacidad operativa de la Contraloría.
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“Lo que más llama la atención es que se trata de un crédito suplementario que busca asignar más recursos para la ejecución de obras públicas en todo el país, pero reduciría la capacidad a la Contraloría de disponer de fondos destinados a contratar a los auditores que se necesitan para aplicar el control. Entonces, quieren gastar más, pero con menos control. Es una cosa absurda, sobre todo por los altos niveles de corrupción y de riesgos de corrupción que hay en el país, particularmente en los gobiernos regionales y locales”, explicó a La República el contralor Nelson Shack.
La modalidad de control concurrente se aplica a todas las licitaciones, contrataciones o en el país, permitiendo que en el caso de la ejecución de obras públicas, estas avancen más rápido en un 30%. Pero con la disminución del control concurrente, habrá un evidente retroceso.
El jueves último, la Comisión de Presupuesto aprobó el proyecto del gobierno de Boluarte, y ahora será sometido a la evaluación de la Comisión Permanente. Los legisladores ni siquiera esperaron la opinión técnica de la Contraloría.
“Todos están muy apurados por aprobar este proyecto porque inyecta mucha plata, más de 3 mil millones de soles. Entendemos la urgencia, pero esa urgencia no debería implicar desmantelar el sistema de control”, indicó Nelson Shack.
Un efecto automático de la norma propuesta por el Ejecutivo, se sentirá desde enero de 2025 cuando se desactiven paulatinamente los 690 Organismos de Control Institucional (OCI) porque no habrá fondos para pagar a los miles de auditores.
Pero ni el Ejecutivo ni el Congreso han evaluado las consecuencias del proyecto de ley.
“Es un tema que requiere una discusión un poco más razonada, un poco más reflexiva. No es: ‘Le vamos a poner 0.5 porque me parece que es 0.5’. ¿Dónde está el estudio técnico que dice que con el 0.5 % se va a poder lograr lo que se está buscando? Ahora mismo se logra lo que se está buscando teniendo 2%”, precisó el contralor Shack.
No descartó que exista una animosidad por las acciones de la Contraloría por razones políticas, más que por razones técnicas.
“Siempre que la Contraloría hace bien su trabajo, incomoda al poder. Porque obviamente nosotros controlamos el uso del poder en una de sus manifestaciones más concretas, que es el uso del recurso público”, indicó.
“El año pasado, por ejemplo, se ha imputado responsabilidad administrativa civil y penal a 9.300 funcionarios públicos. De ese número, alrededor de más de 3,500 deben ser del gobierno nacional. Entonces, es natural. que haya esta incomodidad, pero eso no debe llevar a tomar por parte del Parlamento una medida apresurada, no reflexiva. No se están dando cuenta de lo que van a aprobar”, resaltó el contralor Shack.
En 2019, por cada S/100 que gastaba el Estado, perdía por la corrupción S/15. Con la aplicación del control concurrente, la incidencia disminuyó en S/12.7. Esto es, más de S/4.500 millones.
La aplicación de la nueva normativa propuesta por el Ejecutivo, que afectará el financiamiento del control concurrente, significa un extraordinario retroceso del avance en la lucha contra la corrupción gubernamental.
PROPONEN NUEVO CONTRALOR
La Contraloría paga a los auditores de las Oficinas de Control Institucional de las dependencias públicas -ministerios, gobiernos regionales y locales, etc-, lo que les permite mayor autonomía. Con la ley del Gobierno, la Contraloría ya no contaría con los recursos para dicho fin.
El Ejecutivo comunicó al Congreso la postulación de César Aguilar Surichaqui como nuevo contralor general.
Experto como funcionario público y académico en contrataciones del Estado, Aguilar ejerce como Vocal Titular del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General.
