La Contraloría General de la República (CGR) expresó su preocupación por el proyecto de ley de créditos suplementarios impulsado por el Gobierno de Dina Boluarte. Según la CGR, esta propuesta legislativa no solo busca la aprobación de créditos suplementarios que aumentarían los gastos, sino que también propone una disposición que podría recortar significativamente la capacidad operativa de la entidad; en otras palabras, repercute de forma negativa en su autonomía.
"La CGR no cuestiona la pertinencia de adoptar medidas presupuestales convenientes que permitan lograr los objetivos de reactivación planteados. Sin embargo, debemos señalar que el proyecto de ley (08363/2023-PE) va más allá y esconde propósitos que hacen retroceder en los esfuerzos dedicados para enfrentar la corrupción en el gasto público", comunicó.
La CGR advierte que el proyecto de ley (08363/2023-PE) contempla una reducción sustancial del financiamiento para el control concurrente, un mecanismo que ha probado su eficacia en el ahorro de más de 1000 millones de dólares en los últimos cinco años y que ha acelerado el avance de las inversiones un 30% más rápido.
De ser aprobada esta disposición, la CGR señala que se desencadenaría un impacto negativo inmediato a partir de enero de 2025, que incluiría el desmantelamiento de los Órganos de Control Institucional (OCI) y el despido de miles de auditores. Esto también truncaría un reciente proceso mediante el cual más de 690 OCI dejarían de depender administrativamente del Poder Ejecutivo, fortaleciendo así la autonomía del control.
Asimismo, señala que esta cobertura de las intervenciones de control de la CGR, que actualmente abarca el 67% del aparato estatal, disminuiría drásticamente hasta el 27%, niveles que no se veían desde 2017. La CGR ha emitido una alerta sobre cualquier intento de condicionar el control a intereses que se alejen del bienestar de los ciudadanos.
El Gobierno de Dina Boluarte presentó el pasado miércoles 10 de julio al Congreso un proyecto de ley para un crédito suplementario de S/3 mil millones. Este crédito está destinado a financiar mayores gastos relacionados con la reactivación económica y otras medidas.
Según el documento, los recursos se asignarán al Gobierno central, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Además, se transferirán más de S/8 millones a tres gobiernos locales para financiar proyectos de inversión en infraestructura deportiva y recreativa.
Sin embargo, la CGR hace un llamado al Poder Legislativo para que tome en cuenta la situación expuesta y descarte la novena disposición complementaria modificatoria de este proyecto de ley, separándola del resto de las propuestas legislativas para asegurar que no se vea comprometida la lucha contra la corrupción en el país.
