Fue por unanimidad. Obtuvo seis votos. El magistrado Guillermo Thornberry se inhibió. Estará a cargo del organismo por un periodo adicional de cuatro años. Falta saber si a Piero Corvetto se le renovará también la confianza al frente de la ONPE.
Por unanimidad, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ratificó por un periodo adicional de cuatro años a la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde. Votaron a favor Antonio De la Haza, Inés Tello, Aldo Vásquez, Imelda Tumialán, María Zavala y Marco Tulio Falconí. Guillermo Thornberry decidió inhibirse por haber trabajado con Velarde años atrás.
Ayer Velarde expuso ante la JNJ los que considera son los principales logros de su gestión. Cabe señalar que su proceso había quedado paralizado. Con el regreso de Tello y Vásquez, gracias al amparo concedido por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, se pudo completar el quórum.
Velarde aseguró que con ella al frente del Reniec se han realizado 72 millones de atenciones en agencias en todo el país, se han tramitado 6 millones de DNI electrónicos y se han invertido 285 millones de soles en tecnología e infraestructura segura.
Ahora resta conocer qué ocurrirá con el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. En mayo no consiguió que se le renovara la confianza. Necesitaba cinco votos y cuando su caso se evaluó la JNJ tenía solamente a cinco miembros en funciones. Cuatro magistrados se pronunciaron a favor de su continuidad. En contra lo hizo Falconí.
Entonces, Corvetto decidió solicitar una reconsideración. Con la JNJ completa, ahora sí podría alcanzar los votos suficientes. Al cierre de esta edición, la JNJ no había hecho conocer su decisión.
Corvetto repasó las principales observaciones que le hicieron luego de su primera presentación de mayo. Señaló que la reducción en la confianza ciudadana en la ONPE, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), responde entre otras cosas a la campaña de desinformación que la institución ha soportado en los últimos años luego de la campaña electoral de 2021.
Como se recuerda, un sector político encabezado por el fujimorismo montó una estrategia mediática y legal para tratar de cambiar los resultados oficiales alegando un presunto “fraude en mesa”, aunque nunca se aportó una sola prueba de ello. Incluso se formó una comisión investigadora parlamentaria que tampoco encontró indicios de que la voluntad popular se hubiese alterado para favorecer a Perú Libre y Pedro Castillo.
Así, Corvetto apuntó que esta caída en la confianza en la ONPE -de 1.36%- debe contextualizarse como parte de un escenario caracterizado por una crisis institucional a nivel mundial. “Nunca antes se presentó una ola de desinformación como la que tuvimos. Respondimos a cada una de las noticias falsas. Se desmintieron más de 300”, comentó.
Durante su exposición en la JNJ, Corvetto aseguró que su gestión ha sido la más auditada por la Contraloría General de la República. Indicó que, de 830 informes, en ninguno de ellos se pone en cuestionamiento su trabajo y que más de 300 “no tienen siquiera una recomendación”. Asimismo, destacó que la ONPE –a través del Jurado Nacional de Elecciones– ha elaborado y presentado una serie de iniciativas legislativas que permitieron, por ejemplo, que las elecciones pudieran llevarse a cabo en plena pandemia por la COVID 19.
Decisión pendiente
La ratificación de Velarde y la reconsideración de Corvetto se dan mientras se espera que el TC vote la vista de la causa de la demanda competencial interpuesta por el Congreso en contra del Poder Judicial (PJ) por un supuesto menoscabo en sus competencias. Se pretende que las reincorporaciones de Tello y Vásquez queden sin efecto.
El miércoles, en una sesión descentralizada del TC, el abogado Aníbal Quiroga, en representación del Legislativo, argumentó que en el proceso de inhabilitación no se violó ningún derecho fundamental. El procurador del PJ, Jhony Tupayachi, respondió que no se ha menoscabado las competencias parlamentarias para imponer sanciones políticas a altos funcionarios, sino que, a través de la figura del amparo, la Primera Sala Constitucional ha protegido los derechos fundamentales que los consejeros, sostienen, les fueron vulnerados.
Fallos anteriores del TC han sido favorables a los intereses del Congreso. No hay motivo para pensar que esta vez sería diferente. Incluso uno de los puntos que se debatió el miércoles fue si las decisiones que adopte la JNJ con Tello y Vásquez serían válidas o no.
