El Equipo Especial determinó que altos mandos del Ejército y de la Policía Nacional pasaron por alto la estricta prohibición de usar armas letales durante las operaciones de control de las protestas sociales, causando 50 víctimas mortales.
Durante la represión a las manifestaciones contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, 154 efectivos militares y policiales ordenaron o consintieron el uso de armas de fuego de reglamento, o las dispararon causando la muerte a 50 personas y lesiones graves a otras 217, según el reporte del Equipo de Fiscales que designó el Ministerio Público.
Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, por mandato del régimen de Boluarte, el Ejército y la Policía Nacional desplegaron acciones para preservar el orden público y las instalaciones estratégicas, como los aeropuertos y las carreteras, debiendo aplicar rigurosamente el Reglamento de Uso de la Fuerza (RUF), que prohíbe el uso indiscriminado de las armas de fuego.
Según los resultados de las indagatorias fiscales -que han derivado en 18 formalizaciones de investigación-, los jefes militares y policiales hicieron poco o nada por impedir que sus subordinados disparen al cuerpo de las víctimas, lo que está expresamente prohibido.
Los hechos ocurridos especialmente en Andahuaylas (7 muertos), Ayacucho (11) y Juliaca (18) -localidades que concentran el mayor número de fallecidos, el 70%-, indicarían que los acusados cumplieron con un patrón de conducta derivado de instrucciones de los altos mandos.
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Por esta razón, los militares de alta graduación implicados corresponden a estas zonas: dos generales de división, un general de brigada del Ejército, y un general de la policía, en el caso de Ayacucho. Un general de brigada y un general de la policía en Puno. Un general de la policía en Andahuaylas.
Lo que quiere decir que los militares y policías acusados de homicidio directo no actuaron por su cuenta sino como resultado de instrucciones que les llegaron por la cadena de mando.
El oficial de más alta graduación involucrado por el Equipo Especial es el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división EP Manuel Gómez de la Torre, quien pasó al retiro en 2023. Durante los hechos, dependía directamente del exministro de Defensa, Alberto Otárola, y de la jefa de Estado, Dina Boluarte.
De acuerdo con la formalización de la investigación fiscal, Boluarte, Otárola y Gómez de la Torre , supieron desde temprano que la acción de las tropas del Ejército estaba causando muertos en Ayacucho. Pero nada detuvo a los militares hasta la noche del 15 de diciembre de 2022, dejando un saldo de 11 fallecidos.
Debe recordarse que las acciones militares del mencionado día se cumplieron en un contexto en el que autoridades del gobierno afirmaban que las protestas tenían inspiración o influencia “terrorista”.
En esta línea, es relevante que entre los imputados por los hechos en Ayacucho se encuentra el excomandante general de la IV División del Ejército (VRAEM), general de división EP Miguel Gonzáles Bohórquez. Según la indagación fiscal, los presuntos autores directos de las muertes fueron efectivos bajo el mando de Gonzáles que se desplazaron en apoyo a los militares de la Segunda Brigada de Infantería del EJército, con cuartel en Ayacucho. Estos hombres están más preparados para enfrentar a organizaciones terroristas -su mismisión es destruir al grupo armado del narcoterrorista Víctor Quispe Palomino, “José”-, y no para sofocar manifestaciones de protesta.
De los 32 militares con investigación formalizada por la matanza de Ayacucho, 22 son señalados como autores directos del delito de homicidio calificado con alevosía.
En todos los casos, los fiscales concluyeron que los uniformados recurrieron al armamento de reglamento contra civiles que protestaban en el ejercicio de su derecho.
En el caso de Juliaca:
“El 9 de enero de 2023, en circunstancias que los ciudadanos realizaban su derecho a la protesta en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, fueron ejecutados extrajudicialmente más de 17 ciudadanos y muchos otros resultaron heridos, por parte de las fuerzas del orden, quienes en su accionar emplearon armas de fuego contra la población civil desarmada. Las acciones de las fuerzas del orden en contra de los manifestantes se concretan en el contexto del Estado de Emergencia decretado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo N°143-2022-PCM, del 14 de diciembre de 2022”.
Para el caso de Andahuaylas, donde en un solo día fueron ejecutadas 7 personas, la fiscalía llegó a similar conclusión:
“La presente investigación es un caso considerado como grave violación de los derechos humanos, mediante la actuación desproporcionada de los agentes policiales del Estado contra la población vivil que ejercía constitucionalmente reconocido, como es el derecho a la protesta. Por lo que se inicia una investihgación en contra de los efectivos policiales que participaron en el control de multitudes, por la comisión del delito de homicidio calificado, el que es sancionado con una pena privativa de libertad no menor de 15 años”.
Respecto a lo sucedido en Ayacucho, la fiscalía también encontró una situación similar:
“El 14 de diciembre de 2022, el jefe del CCFFAA, general Manuel Gómez de la Torre, y el general Miguel Gonzáles Bohórquez, en sus respectivos niveles, dieron las disposiciones para la planificación y ejecución de las acciones militares en apoyo a la PNP para el control y el restablecimiento del orden interno. En dicho contexto el coronel Lindell Pinto Ybárcena, responsable de los equipos de la reserva del Estado Mayor de la IV División del Ejército (VRAEM), organizó el despliegue de los miembros de tres equipos. Por otro lado, el general Jesús Vera Ipenza dispuso que las patrullas de la Compañía Comando de la IV División del Ejército, la Compañía Lince y el Batallón Contraterrorista N°51 se desplacen a la pista de aterrizaje (del aeropuerto de Ayacucho) (…) para dipersar a los manifestantes. En dichas circunstancias es que los miembros del Ejército, pertenecientes a dichas unidades, en diferentes tiempos y sectores, habrían disparado proyectiles de arma de fuego, que habrían originado el fallecimiento y lesiones en agravio de (10 ciudadanos). (…) Estos hechos fueron comunicados oficialmente por diversas institutciojnes públicas, como la Dirección Regional de Salud de Ayacucho), que en forma oficial comunicó a las 16:02 pm la existencia de 10 heridos y un fallecido”.
La exdefensora del Pueblo, Eliana Revollar, declaró a la fiscalía que comunicó sobre los hechos al general Gómez de la Torre, ni bien se enteró del primer fallecido. Por su parte, este ha afirmado que se enteró a las 5 y 30 de la tarde. Y que ordenó al general Miguel González Bohórquez el cese inmediato del fuego. Lo que sucedió cuando los muertos por los disparos de los militares sumaban 10.
El Equipo Especial ha identificado a 21 fallecidos en Puno (18 en Juliaca y otros 3 en diferentes localidades); 11 en Ayacucho; 7 en Apurímac; 3 en Arequipa; 3 en la Selva Central; 2 en el Cusco; 2 en La Libertad; y uno en el Centro de Lima: 50 muertos.
La investigación fiscal ha sido muy rigurosa, lo que ha incluido necropsias, peritajes balísticos, recopilación de testimonios de testigos, obtención de los videos de las cámaras de seguridad, así como el interrogatorio a numerosos efectivos militares y policiales.
Los mayores obstáculos los encontraron los fiscales en las dependencias del Ejército y de la Policía Nacional donde hubo resistencia para entregar los documentos con las órdenes impartidas, así como la identificación de los oficiales y subalternos que participaron en la cadena de mando y en la ejecución de las operaciones. Pese a todo consiguieron establecer que existió una grave violación de los derechos humanos, algo que las autoridades del gobierno de la presidenta Boluarte siempre ha negado.
