La presidenta Dina Boluarte se reunió con Alberto Borea, jurista y recién elegido como nuevo magistrado de la Corte IDH, en medio de los cuestionamientos por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo, quienes reprocharon el intervencionismo de dicho organismo internacional a través de una carta.
De acuerdo con el portal de transparencia del registro de visitas a Palacio de Gobierno, ha quedado registro de que el magistrado para el periodo 2025-2030 visitó a la presidenta el pasado 10 de julio en horas de la tarde. Esta reunión duró aproximadamente una hora, desde las 4:10 p. m. hasta las 5:08 p. m.
Este encuentro entre ambos se da en el contexto del desacato del Gobierno de Dina Boluarte a las recomendaciones que la Corte IDH ha venido dando al país respecto a cómo se está manejando de forma antidemocrática la política desde ambos poderes del Estado.
La República intentó comunicarse con Alberto Borea, tanto vía telefónica como por mensaje, para que nos pueda dar sus descargos respecto a ello y cómo toma la desobediencia de Dina Boluarte ante este organismo judicial que representará, pero hasta el cierre de esta nota no recibimos respuesta.
Previo a este encuentro, el primer ministro Gustavo Adrianzén no fue conciso en una entrevista cuando se le consultó si cabía la posibilidad de que el Gobierno de Dina Boluarte se saliera de la Corte IDH ante los recurrentes cuestionamientos que desde su gobierno vienen haciendo. En ese sentido, Adrianzén reiteró que se sienten indignados por estos comunicados y que si bien no está en agenda retirarse, no lo puede descartar.
“No está en agenda, pero yo, en mi condición de presidente del Consejo de Ministros, tampoco estoy en condiciones de descartar dicha posibilidad. Escucharemos al ministro de Justicia, también escucharemos a nuestros embajadores, y escucharemos al canciller también. En este momento te puedo decir que nos sentimos indignados con lo que ha ocurrido. No se está evaluando, pero tampoco tenemos por qué descartar esa opción”, dijo para Canal N.
En un pronunciamiento conjunto, la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, enviaron una respuesta rechazando el requerimiento que hizo la Corte IDH al Estado peruano para frenar la aprobación de la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad. En la carta, ambos poderes ratifican su compromiso con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, pero hacen hincapié en que es un país soberano con sus propios mecanismos de control.
No obstante, de acuerdo con la opinión de César Azabache y Pedro Cateriano, quienes hablaron con La República hace algunos días, aseguraron que esta carta no es un instrumento de uso legal, por lo tanto, no tiene ningún efecto ni validez.
