A pesar de que el Gobierno ha decretado el estado de emergencia en Juliaca, Puno, los familiares de las 18 víctimas de las protestas del 9 de enero del 2023 han ratificado su voluntad de marchar a Lima para estar presentes en las movilizaciones que se anuncian para el 25, 26 y 27 de julio en la capital contra el Gobierno de Dina Boluarte.
“El Gobierno y Congreso nos quieren poner obstáculos para que no continuemos organizándonos, porque hay varios anuncios de otras organizaciones que van a llegar a la capital, y no permitir que esta marcha tenga éxito. Pero no nos van a intimidar”, señaló Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Víctimas y Mártires del 9 de enero y hermano del médico Marco Antonio Samillán, fallecido en esa fatídica fecha.
En una misa celebrada al 1 año y 6 meses de las muertes ocurridas a manos de la Policía Nacional, los deudos insisten en pedir celeridad en las investigaciones y castigo para quienes resulten responsables. Hasta el momento, los procesos no se realizan con la diligencia que el caso requiere. También piden la renuncia de Dina Boluarte, de altos mandos policiales y otras autoridades, por considerarlos responsables políticos de lo que llaman “una masacre”. Unas 500 personas, además, resultaron heridas entonces.
En la marcha convocada hacia Lima, las familias de las 18 víctimas no estarán solas: se les unirán los deudos de todas las personas fallecidas a manos de las Fuerzas Armadas en diversas regiones desde que estallaron las protestas en el país, tras el fallido autogolpe del presidente Castillo, entre diciembre del 2022 y enero del 2023.
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“Es muy doloroso recordar. Mi hija fue asesinada por el Gobierno. Nos estamos preparando para la marcha a Lima. Y por esa razón nos están amenazando, nos quieren detener. Pero nosotros no vamos a tener miedo, porque estamos luchando por una justa razón. Yo voy a luchar hasta el último, hasta que se dicte una sentencia a los responsables”, dijo la madre de Yamileth Nataly, la joven universitaria de 17 años que fue alcanzada por un proyectil cuando había salido a comprar.
Los familiares de los fallecidos en Juliaca se han organizado en una asociación y tienen un representante legal que se encarga de hacer el seguimiento al caso. “Por lo pronto, ya el proceso de investigación se ha iniciado, los responsables están identificados y nosotros no vamos a dejar de insistir en el avance de los procesos”, explicó su vocero Rául Samillán.
Al respecto indicó que Dina Boluarte debería renunciar por ser la principal responsable de estos hechos.
El mes pasado, representantes de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y su contraparte en Perú, Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) a Boluarte por la comisión de crímenes de lesa humanidad entre el 7 de diciembre del 2022 y el 9 de febrero del 2023, en que se produjeron las movilizaciones con su secuela de víctimas.
Los deudos de las víctimas de Juliaca acompañarán también las marchas convocadas por movimientos sociales y regionales para el 27 y 28 de julio contra las decisiones del Gobierno y el Congreso que afectan, por ejemplo, el castigo de crímenes de lesa humanidad o la participación de los movimientos regionales en las elecciones.
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Documento a investigar
Como parte de sus esfuerzos por conseguir justicia para sus familiares fallecidos, la Asociación de Victimas del 9 de enero tuvo acceso a un documento en el que se felicita el accionar de los efectivos policiales durante las protestas ocurridas en Juliaca. Le habría llegado de manera anónima a Raúl Samillán a su domicilio en esa ciudad. “Para nosotros, es indignante. No es posible que el Estado, luego de derramar tanta sangre, esté felicitando y celebrando a quienes cometieron esas muertes”, dijo.
Al respecto, César Quispe, abogado de la asociación, señaló que el documento será enviado al Ministerio Público para corroborar si es verdadero y de ser así pasaría a ser un elemento de convicción que ayudaría en el desarrollo de la investigación. “Este documento será alcanzado al responsable de la investigación y es un elemento de convicción; es decir, una prueba más, como otros elementos que ya han sido corroborados para acumular en el expediente y sentenciar a los responsables”, dijo el abogado. El Ministerio Público cuenta con videos, fotos y documentos en los que se identifica a los elementos policiales que participaron. Todo eso constituye prueba para lograr justicia.
