En un fallo reciente, este 10 de julio, el Poder Judicial declaró infundado el recurso de apelación presentado por Pedro Castillo Terrones contra el auto de primera instancia que había desestimado su solicitud de tutela de derechos. Esta decisión es parte del procedimiento de investigación preparatoria seguido en su contra por varios delitos graves, incluyendo rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, en perjuicio del Estado y la sociedad.
Como se recuerda, el expresidente fue arrestado tras una intervención policial, realizada el pasado 7 de diciembre de 2022. Durante este procedimiento se le incautó documentos y otros elementos considerados pruebas por las autoridades. Luego de su detención, Castillo presentó una solicitud de tutela de derechos con el objetivo de que se excluya el acta de intervención policial de esa fecha, argumentando que se vulneraron sus derechos durante el procedimiento.
Tras ello, el 2 de octubre de 2023, la solicitud de tutela de derechos del exmandatario fue rechazada en primera instancia, considerando que no se habían vulnerado sus derechos fundamentales en el proceso de intervención policial.
Ante esta decisión, el recurso de apelación interpuesto por Castillo fue examinado por la Corte Suprema, que finalmente decidió confirmar la decisión de la primera instancia. En consecuencia, el Poder Judicial declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la validez de la intervención y las pruebas obtenidas.
Asimismo, se ordenó enviar esta decisión al órgano jurisdiccional de origen, para que sigan los pasos legales necesarios. De igual forma, la resolución deberá ser registrada, informada de inmediato a las partes involucradas y publicada en la página web del Poder Judicial para asegurar transparencia y acceso a la información.
Con la confirmación del rechazo de la tutela de derechos, el proceso de investigación preparatoria contra Pedro Castillo y otros implicados continuará su curso. La Fiscalía seguirá recopilando y presentando pruebas en apoyo de las acusaciones de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. La defensa de Castillo, por su parte, deberá ajustar su estrategia en función de este nuevo contexto legal.
El exmandatario enfrenta una serie de acusaciones que incluyen delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Estas acusaciones se relacionan con eventos que tuvieron lugar durante su mandato presidencial y su posterior destitución. La Fiscalía sostiene que Castillo intentó llevar a cabo un golpe de Estado y perturbó gravemente el orden público, poniendo en riesgo la estabilidad del país.
