El 78% de los casos se produjeron en la Amazonía, según el informe Global Witness 2023. Situación crítica ha orillado a comunidades originarias a ventilar la escasa presencia del Estado ante organismos internacionales, como CIDH.
A causa de los asesinatos y la continua persecución que sufren los defensores y las defensoras indígenas en Perú y otros países de América Latina, representantes de las organizaciones indígenas de la Amazonía peruana denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la poca o nula acción estatal para la protección de sus derechos y la garantía de entornos seguros.
“A los altos niveles de riesgo que enfrentamos, ahora se agrega la criminalización a la que estamos siendo sometidos por nuestra lucha frontal contra las economías ilícitas extractivas que vulneran los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esta criminalización es muestra de cómo el poder punitivo del Estado es usado arbitrariamente como herramienta para silenciar a los defensores ambientales usando como fachada la legalidad”, denunció Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE).
De esta manera, el dirigente indígena denunció que los abusos cometidos contra los defensores se producen a nivel estatal y privado, los cuales van desde el uso arbitrario del poder punitivo del Estado, amenazas y agresiones físicas hasta casos de desapariciones forzadas y asesinatos.
“No solo me han señalado las mafias de narcotráfico, sino también el propio Estado mediante un proceso injusto e irregular. Por eso pido a la Comisión Interamericana que exija al Estado peruano la protección a los defensores y defensoras y la implementación de un protocolo frente ante casos de criminalización”, indicó Ángel Pedro Valerio quien desde septiembre de 2023 ha sido incluido en una investigación que inicialmente planteaba su detención sin que haya sido debidamente notificado para el ejercicio de su defensa.
Por su parte, Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) denunció que durante este año ya se han registrado 35 asesinatos de defensores indígenas, quienes protegían los bosques y territorios amazónicos.
“Somos asesinados por las organizaciones criminales de las economías ilegales como la tala y minería ilegal y el narcotráfico. En noviembre de 2023 fue asesinado el hermano Quinto Inuma pese a que contaba con medidas de protección por parte del Estado. Por este caso la Comisión Interamericana otorgó en marzo la medida cautelar 110923, pero las autoridades se niegan a implementarla”, denunció.
Solicitó que la CIDH exhorte al Estado peruano para que cumpla con proteger la vida de los defensores indígenas, ya que a pesar de la situación crítica, las denuncias y evidencias de las amenazas, "el Estado no toma las medidas correspondientes".
Según el informe del 2023 de Global Witness, la mayoría de ataques registrados ocurrieron en América Latina, especialmente en Brasil, Perú y Venezuela. El 78% de los casos se produjeron en la Amazonía, donde los defensores indígenas enfrentan altas tasas de violencia, criminalización e impunidad.
Esta situación fue reafirmada a partir de los casos presentados de Perú, Colombia, Brasil, México, Bolivia, Honduras y Venezuela, así como organizaciones nacionales, internacionales y regionales, integrantes de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI).
Precisamente, la representante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Fany Kuiru, indicó que los defensores indígenas, especialmente en la Amazonía, enfrentan altas tasas de violencia, criminalización e impunidad.
“Lo más importante para la COICA es el subregistro de asesinatos de defensores indígenas. Cuando son líderes reconocidos el asesinato y la amenaza son más visibles, pero los defensores sin mucha visibilidad a veces no son incluidos en los registros de situación de riesgo debido a la desconfianza en los Estados, y terminan siendo un número más entre los asesinados y amenazados”, expuso.
En su participación también se refirió al caso de Olivia Bisa, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, amenazada de muerte por haber denunciado el derrame de petróleo en el kilómetro 177 del oleoducto ramal norte, en el distrito de Morona, provincia de Datem del Marañón, en Loreto. Pese a ello, prima la poca capacidad de respuesta del Estado y la falta de articulación de mecanismos de protección para la defensora.
