Las organizaciones indígenas Aidesep Ucayali y Aconadiysh presentaron una demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Ucayali para que detenga la construcción de la carretera Nueva Italia-Puerto Breu, la cual no cuenta con estudio ambiental y ni consulta previa. La vía, actualmente una trocha, fue implementada por madereros y narcotraficantes que buscan llegar a la frontera con Brasil para actividades ilícitas.
En el Congreso de la República se han presentado iniciativas para formalizar la construcción de la carretera y declararla de interés nacional, como el Proyecto de Ley 06960/2023-CR.
En la demanda, que cuenta con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el apoyo de Upper Amazon Conservancy (UAC), las comunidades indígenas señalan que esta propuesta del Legislativo pretende una formalización forzosa.
“Lamentablemente, en el Perú se están construyendo carreteras ‘ilegales’ que no cuentan con permiso de desbosque y estudio de impacto ambiental”, sostuvo Maritza Quispe, abogada del IDL.
Esto ha sumado mucha preocupación en las comunidades de los distritos de Yurua y Tahuania, provincia de Atalaya, pues su apertura implicó la deforestación de unas 7.160 hectáreas, según el Ministerio de Ambiente.
La autopista, además, representa un peligro para Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) en la Reserva Indígenas Murunahua.
Además, reduce la biodiversidad y afecta los hábitats de organismos terrestres y acuáticos. También produce una reducción de reservas de carbono y un alarmante aumento de emisiones de gases fósiles.
El Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) determinó que en una investigación que hay una aceleración considerable del desbosque en las zonas aledañas a la carretera, que hasta ahora sigue en aumento y se agudizaría aún más con la construcción formal de la vía.
De otro lado, la presencia de economías ilegales en las zonas cercanas a la trocha pone en riesgo la vida de defensores ambientales e, incluso, ha significado la muerte de líderes indígenas.
El caso Saweto, en el que cuatro defensores asháninkas fueron asesinados por madereros, fue una lamentable muestra de la violencia a la que están expuestas las comunidades acechadas por delincuentes en Ucayali.
De esta manera, y considerando que la carretera Nueva Italia–Breu (UC-105) es una de las más extensas de la Amazonía Peruana, se facilitaría el acceso y la expansión a grupos criminales, como narcotraficantes, madereros ilegales y colonos, cuyas actividades afectan el medio ambiente y a pueblos indígenas.
Además, la tala ilegal de madera, los cultivos ilegales de hoja de coca y pistas de aterrizaje clandestinas para el narcotráfico encontrarían un camino formal para sus operaciones en la construcción de la carretera.
Por lo expuesto, solicitan la intervención de las autoridades de carácter de urgencia y que el GORE Ucayali se abstenga de continuar el impulso de la construcción de la carretera que afecta a las comunidades nativas de Alto Tamaya Saweto, Sawawo Hito 40, Nueva Esperanza de Cumaria, Santa Ana, Flor de Chengari, Mapalja, Puerto Esperanza de Sheshea, Parantari, Nueva Shahuaya, Santa Rosa, El Dorado, Nueva Victoria y Shoniro. Todas en la región Ucayali.
