El representante de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada pidió a la presidenta Dina Boluarte observar la ley que promueve el Congreso y busca la impunidad de los investigados en crimen organizado.
El coordinador de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, adelantó que 100 investigaciones a nivel nacional se encuentran en riesgo, luego de que el Congreso aprobara modificaciones en la Ley de Crimen Organizado. De esta manera, pidió a la presidenta Dina Boluarte observar la norma por el "daño" que le haría la ciudadanía si se promulga la iniciativa del Legislativo.
En entrevista para La República, el representante de la Feccor, sostuvo que las referidas investigaciones pasarán a las fiscalías penales comunes, dado que, los delitos que se encuentran establecidos en las carpetas fiscales ya no configurarían como crimen organizado.
"Junto a nuestros fiscales, hemos determinado que 100 casos a nivel nacional tendrán que ser derivados a las fiscalías penales comunes, ya que, ya no estarían vinculados a una organización criminal. Es decir, nosotros no tendríamos competencia para continuar con la investigación y será necesario remitirlos a una fiscalía penal que, lamentablemente, no cuenta con los recursos logísticos ni la capacitación para enfrentar una delincuencia de esta magnitud", afirmó Jorge Chávez Cotrina.
En esa línea, indicó que los casos de minería ilegal en Trujillo, estafas masivas en Lima y la deforestación en la Amazonía se beneficiarán con esta norma.
"Los casos ahora van a depender del jefe de la región policial, quienes se dedicarán a estas investigaciones. Nosotros para estos casos aplicamos técnicas especiales como agentes encubiertos, escuchas telefónicas, pero ya no lo podremos ver porque pasarán a delitos comunes", dijo Cotrina a La República.
En esa crítica, el fiscal mencionó, además, que el Congreso está amarrando de pies y manos a la Fiscalía para luchar contra el crimen organizado, debido a que los investigaciones que tienen procesos en curso pueden pedir la reducción de la pena si se aplica esta ley.
"Nos atan de pies y manos a todas las fiscalías especializadas e incluso a la Policía, pero lo que no se dan cuenta que los principales afectados es la ciudadanía que estará a merced de la delincuencia", sostuvo.
Chávez Cotrina pidió que la presidenta Dina Boluarte que observe la ley que impulsa el Congreso, ya que, esto afectaría a su Gobierno porque de aplicarse la medida, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debería colocar al menos 50 abogados de oficio por cada allanamiento que realice la Fiscalía de Crimen Organizado.
" Dina Boluarte debe observar la norma y no dejar que el Congreso promulgue la ley (…)Los allanamientos por su naturaleza son sorpresivos por su naturaleza. La norma dice que para el registro necesito la presencia del abogado del investigado. ¿Qué pasa si el abogado no puede? nosotros debemos suspender las diligencias y esto trastocaría la investigación (…) Por eso, pido a la presidenta que observe la normal que también afectaría su Gobierno por la logística que dispondrá el Ministerio de Justicia con la presencia de alrededor de 50 abogados por allanamiento", sentenció.
