La presidenta de la República, Dina Boluarte, y el titular del Congreso, Alejandro Soto, enviaron una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que “deploran profundamente” que esta haya requerido a los tres poderes del Estado que no aprueben, promulguen, o ejecuten la ley que declara inaplicable la figura de la lesa humanidad en el caso de delitos ocurridos antes del año 2002.
Abogados consultados advirtieron que no tendría mayor efecto.
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https://larepublica.pe/politica/2024/07/08/dina-boluarte-y-alejandro-soto-envian-carta-a-la-corte-idh-en-defensa-de-ley-sobre-crimenes-de-lesa-humanidad-358696
Por ejemplo, el exprocurador y abogado, César Azabache, comentó que la carta “no es un instrumento de uso legal”.
“Quien la haya redactado no tiene idea de lo que está haciendo. Los Estados se dirigen a la Corte a través de agentes acreditados por medio de comunicaciones formales basadas en la Convención Americana. Esa nota vale tanto como una entrevista televisiva o una declaración al paso. Muestra la intención personal de dos personajes que ejercen cargos públicos. Les exhibe. Pero ni siquiera constituye una alegación formal”, consideró.
Por su parte, el también abogado y expremier, Pedro Cateriano, afirmó que al no tener el refrendo del Consejo de Ministros, la comunicación “no tiene ningún efecto, no tiene validez legal”.
“De otro lado, el hecho que la presidenta Boluarte y el señor Soto firmen la carta es algo cuestionable. Ambos se supone que representan a poderes del Estado independientes y diferentes. Desde el punto de vista político con esas firmas, prueban su alianza por la impunidad”, dijo.
Conocida la resolución de la Corte IDH, el premier Gustavo Adrianzén había adelantado que se harían coordinaciones para que los tres poderes del Estado aludidos hicieran una declaración conjunta. Pero la carta dirigida a la presidenta de ese organismo, Nancy Hernández López, no incluye al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo.
Control difuso
En todo caso, Arévalo abordó el tema de manera personal. En declaraciones a la prensa, sostuvo que la Corte IDH “no tiene ninguna facultad para pedirle a los poderes del Estado que hagan algo” y “menos para pedirle al Poder Judicial que interfiera en la decisión de los otros poderes”. Agregó: “La Corte no tiene que decirnos nada”.
Ahora bien, lo más importante de lo señalado por Arévalo es que admitió que una vez que se promulgue la ley que limita los alcances de la lesa humanidad, corresponderá a los jueces peruanos decidir si esta debe ser aplicada o no. “Cuando la ley se promulgue entrará en vigor y si algún juez considera que es inconstitucional o contraria a convenios, la inaplicará vía control difuso fundamentando por qué”, explicó. “Los jueces peruanos son los que van a decidir si la ley se aplica o no”, agregó.
La semana pasada, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, con solamente 15 votos, la ley de impunidad para que se declare inaplicable la figura de la lesa humanidad antes del 2002. En resumen, se pretende que los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor en el Perú del Estatuto de Roma y la Convención contra Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad prescribirán de acuerdo con los plazos establecidos en la ley nacional. Así, los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos quedarán sin castigo.
Audiencia en la CIDH
Cabe señalar que este miércoles se desarrollará en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia sobre impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno. Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, explicó que uno de los puntos a desarrollar tendrá que ver, precisamente, con la ley de la lesa humanidad aprobada en el Poder Legislativo.
Cuando le han preguntado a Boluarte o a Adrianzén cuál es la posición respecto de la norma, han preferido evadir la respuesta con la excusa de que todavía no ha sido remitida a Palacio. El Ejecutivo podría promulgarla, observarla o dejar que se venza el plazo de quince días para que la promulgue el Congreso.
“Aunque, a la luz de la carta que hemos conocido ayer (lunes), está claro que Boluarte promulgará la norma”, estimó Rivera.
Finalmente, la Segunda Sala Constitucional de la Corte de Lima dejó al voto la apelación presentada por la defensa de Boluarte para que se declare nula la denuncia constitucional que presentó la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por las muertes durante el conflicto social de finales de 2022 e inicios de 2023.
