La ley que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos hasta antes del 2002 fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 4 de julio. La denominada 'Ley Amnistía' fue bastante criticada y advertida por organismos nacionales e internacionales desde que fue aprobada por la comisión de Constitución debido a que podría beneficiar principalmente a individuos condenados por crímenes graves durante periodos de conflicto y violencia política en el país, como lo son Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, entre otros.
Una de las primeras organizaciones internacionales en pronunciarse y advertir sobre las consecuencias de la propuesta legislativa ha sido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que mostró preocupación desde la aprobación en primera votación en el Congreso de la República. Según el organismo, la “iniciativa es contraria al derecho internacional” y desobedece las sentencias emitidas por la CIDH. Resaltando que la fecha límite que prescribiría los delitos es la misma fecha en la que entró en vigor el Estatuto de Roma en el país e instaba a los congresistas a detener su avance.
A pesar de ello, y en contra de advertencias recientes como las de la Corte IDH, el Congreso de la República aprobó la medida impulsada por las bancadas de Renovación Popular y Fuerza Popular. Además el presidente del Legislativo, Alejandro Soto, se pronunció rechazando las "intromisiones provenientes de organismos internacionales, en defensa de la soberanía del Estado Peruano y del fuero parlamentario".
De hecho, la bancada fujimorista cuenta con historial de tener posibles intenciones de promover alguna propuesta legislativa que, como partido político, les pueda otorgar algún beneficio propio o a los suyos. Tal como lo sería la 'Ley de Amnistía', que se dice beneficiaría al expresidente Fujimori que recién se ha oficializado su inscripción a la agrupación política liderada por su hija. O la modificación de la ley contra el crimen organizado, proyecto que busca establecer con precisión cuáles serían las características necesarias para tipificar a una organización criminal, término por el cual Fuerza Popular y Keiko Fujimori son acusados en el Caso Cócteles, cuyo juicio ha iniciado recientemente.
En el 2018, IDL-Reporteros dio a conocer una serie de conversaciones en las que los miembros de Fuerza Popular, incluida Keiko Fujimori y sus congresistas de aquel entonces, utilizaban el chat de Telegram denominado 'La Botica' para realizar coordinaciones.
En uno de los mensajes se leía: “Salir de la CIDH me parece importantísimo”, demostrando las intenciones de la lideresa Keiko Fujimori para que su partido (con mayoría congresal en aquella época) promueva y apoye la posibilidad de que Perú abandone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las conversaciones que mencionan al organismo internacional se dieron en el contexto en el que se hablaba acerca de las preguntas que debían incluirse en el referéndum propuesto por el presidente de ese entonces, Martín Vizcarra, con la intención de generar cierta confusión y que su contenido suscite más preguntas en la población.
Ello confirmaba que Keiko Fujimori no estaba de acuerdo con los pronunciamientos que la CIDH pueda emitir, tal como lo manifestó directamente cuando el organismo se pronunció en contra de un posible indulto que se le llegó a dar a Alberto Fujimori en el 2017: “En un capítulo más de una serie de injusticias contra mi padre, una corte internacional reconocida desde siempre por su sesgo ideológico pretende ahora impedir a través de un documento simple, ni siquiera una resolución, la excarcelación de Alberto Fujimori. Mi familia siente un gran dolor al confirmar que cuando se trata de mi padre, no existen los derechos humanos, ni siquiera el más elemental derecho a la vida”, manifestó a través de 'X' (antes Twitter).
Este tema salta a la actualidad, cuando la CIDH ha sido una de las primeras en pronunciarse en contra de la propuesta legislativa que fue votada por mayoría fujimorista en el Congreso y que aún falta ser revisada por el Ejecutivo. Esta aprobación ha generado preocupación sobre posibles sanciones internacionales que el Estado peruano podría enfrentar.
El pasado lunes 1 de julio se dio inicio al juicio contra Keiko Fujimori y otros 40 implicados en el caso Cócteles, a quienes la Fiscalía les atribuye principalmente los delitos de organización criminal, obstrucción a la justicia y lavado de activos por los fondos que el partido Fuerza Popular recibió durante las campañas electorales de 2011 y 2016.
Durante la sustentación de la tesis fiscal de la investigación del caso, José Domingo Pérez hizo referencia a algunas de las conversaciones de este chat, denominado 'La Botica', para demostrar las coordinaciones que había con miembros y funcionarios de Fuerza Popular, para acatar órdenes de la cúpula del partido. Entre ellos, Keiko Fujimori y Pier Figari.
"También vendrá Rolando Reátegui (excongresista) a mostrarles los chats de 'La Botica', que son conversaciones que sostiene los integrantes del partido político y la cúpula con su lideresa (Keiko Fujimori). En donde planificaban y ejecutaban actos de hostigamiento, deslegitimación, a la investigación penal de Ministerio Público y a cuanta autoridad pretenda investigarlos", agregó Domingo Perez.
La tesis fiscal del caso señala que Fuerza Popular trabajaba como una organización criminal que buscaba realizar hace actos de interferencia desde y en el Congreso de la República: "Keiko Fujimori no necesita ser elegida para controlar el Congreso. En el 2011 con 37 congresista y en el 2016 con 73, ella y su cúpula (Vicente Silva Cheva, Pier Figari y Ana Hertz), ordenaban a los congresistas para que hagan actos de favorecimiento o actos de entorpecimiento para el logro de los fines antes mencionados . Y así, la cúpula y su lideresa determinaban la agenda del comité político de la bancada, por encima de quien ocupara el cargo de presidente del Congreso y en las Comisiones. (...) Y como los proyectos de ley y las modificaciones de las leyes que buscaban favorecer los intereses de la organización y grupos económicos de quienes les entregaban el dinero", fueron parte del discurso del sustento fiscal del juicio el pasado martes 2 de julio.
El juicio continuará el próximo 10 de julio de manera virtual donde se espera que culmine el sustento fiscal de José Domingo Pérez y proceder con las declaraciones de las defensas correspondientes, iniciando con la abogada Giuliana Loza.
