Familiares de los desaparecidos y asesinados durante la violencia política por parte de terroristas y las fuerzas del orden están indignados porque está en peligro su derecho a la justicia. Exhortan a Boluarte a observar la norma contra lesa humanidad.
Lidia Flores de Huamán y Marcelina Flores Tello no se conocen, pero no solo tienen su apellido en común. Ambas perdieron seres queridos durante el conflicto armado interno, ambas buscaron justicia durante muchos años, ambas están ahora indignadas con el Congreso por haber aprobado una norma que solo genera impunidad.
Las dos le piden a la presidenta Dina Boluarte no promulgar la ley que limita la aplicación de lesa humanidad a los crímenes cometidos a partir de julio del 2002.
“Presidenta, piense en las víctimas, no promulgue esa ley de impunidad”, le pide Marcelina a través de La República.
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Ella tenía cinco años cuando el 16 de julio de 1984, terroristas de Sendero Luminoso asesinaron a sus padres, Esteban Flores y Sofía Tello, quienes vivían en la comunidad ayacuchana de Soras, junto a un centenar de personas de poblados cercanos.
Los ejecutaron en represalia por haber decidido aliarse para lucha contra los subversivos. Los sobrevivientes identificaron como uno de los responsables a Víctor Quispe Palomino, el camarada José, quien llegó a ser uno de los cabecillas regionales de Sendero Luminoso.
Tras años de investigación, en el 2018 se inició un proceso judicial contra Quispe Palomino, como presunto autor material del delito de terrorismo agravado y asesinato con gran crueldad, como delito de lesa humanidad. El juicio oral está en curso, pero con la norma aprobada por el Congreso, se desvanecen las esperanzas de justicia de Marcelina.
“Es un atropello. Ellos no sufrieron lo que nos ha pasado a nosotros. Con esta ley lo van a archivar. Le pido a la presidenta que piense en nosotros, que nos ayude, porque somos víctimas”, refiere con la voz entrecortada.
“Yo quedé con cinco años, mi hermanita de tres y otro hermanito seis meses de nacido. ¿Cree que hemos crecido bien? El Estado no nos dio nada. Ya hora nos vuelven a dar la espalda”, agrega desconsolada.
Sin justicia
La vida de Lidia Flores cambió el 17 de julio también de 1984, cuando su esposo, Felipe Huamán Palomino, fue detenido por miembros de la Guarda Republicana, cerca de su casa, en Huamanga, Ayacucho.
Tenía 31 años y cuatro hijos, la menor de solo dos meses de nacida. Ahora tiene 70 años y es conocida como Mamá Lidia, pues junto con otras mujeres formó la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), institución que actualmente preside.
Un mes después de la desaparición de su esposo, halló su ropa con unos restos irreconocibles en un paraje alejado. Como pudo lo enterró, pero no ha dejado de luchar por justicia.
Ella ha sido testigo de decenas de cadáveres exhumados en la zona de La Hoyada, junto al cuartel Los Cabitos.
“Hemos encontrado restos, algunos con las manos atadas, con los ojos vendados. Algunos estaban en partes, otros enteros con sus ropitas. Y ya estábamos empezando a tener justicia”, dice refiriéndose a la condena de militares que cometieron violaciones a derechos humanos en Ayacucho en 1983.
“Cuánto hemos sufrido, cuántos muertos, cuántos desaparecidos. Y con esta ley todo quedará impune. Estamos pensando buscar a la presidenta para que vea nuestro dolor, para pedirle que se ponga en nuestro lugar”, refiere Mamá Lidia.
