La tesis fiscal señala que el expresidente habría recibido pagos ilícitos por el monto de hasta 2 millones 300.000 soles durante su gestión como gobernador regional para la construcción de la ampliación del hospital de Moquegua.
El Poder Judicial fijó el 28 de octubre del presente año como fecha de inicio del juicio oral contra el expresidente Martin Vizcarra por el caso Lomas de Ilo y hospital de Moquegua, por los que el exmandatario es acusado por delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.
La tesis fiscal señala que Vizcarra Cornejo habría recibido pagos ilícitos por el monto de hasta 2 millones 300.000 soles para la construcción de la ampliación del hospital de Moquegua durante su gestión como gobernador regional.
Según el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la jueza Fernanda Ayasta y sus colegas Lorena Sandoval y Giovanni Félix, la primera audiencia del juicio será presencial en el horario de 9.00 a. m a 13.00 p. m. Posteriormente, se tiene previsto continuar la sesión el lunes 4 de noviembre de 9.00 a. m a 17.00 p. m de forma virtual.
El caso hace referencia al proyecto Lomas de Ilo, debido a que, en el 2013, cuando Martín Vizcarra era gobernador regional de Moquegua, el consorcio Obrainsa-Astaldi ganó el proyecto por 80 millones de soles. Sin embargo, según el fiscal Osias Castañeda, el expresidente habría recibido 1 millón de soles de dicha empresa por presuntamente haberlos favorecido.
Con relación al hospital de Moquegua, la Fiscalía acusa a Vizcarra de haber recibido 1 millón 300,000 soles a modo de soborno por parte de empresas vinculadas al 'Club de la Construcción', donde se habría ayudado a adjudicarles la obra a ICCGSA e INCOT para que se encargaran del proyecto de ampliación hospitalaria.
La Fiscalía de la Nación comunicó el 2 de julio que procederá a reabrir la investigación preliminar que involucra a Martín Vizcarra y a exministros en el caso de las pruebas rápidas. En este sentido, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales llevará a cabo una revisión exhaustiva de su presunta participación, tomando en consideración los nuevos elementos aportados por la procuradora general del Estado y un denunciante.
El contexto del caso se desarrolla durante la presidencia de Vizcarra, cuando se requirió la adquisición de pruebas rápidas para la detección de COVID-19 en un contexto de emergencia sanitaria. Pese a la urgencia, esta decisión ha sido cuestionadas debido a presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción. Llevando la apertura de una investigación preliminar, la cual, posteriormente, fue archivada.
