14 congresistas en la Comisión Permanente nos pusieron en contradicción con la justicia supranacional.
El desacato a la disposición de la Corte IDH que pedía la eliminación de la votación en segunda instancia, y también el contenido del proyecto de ley que contraria la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad ocurridos antes del 2002, ya se ha producido. Menos de 15 votos sirvieron para que el país entero dé un paso más para convertirse en Venezuela o Nicaragua, países que también desconocen el sistema interamericano, y en este caso especial de la “amnistía”, un tratado universal.
Estos 15 votos, que hacia la tarde ya eran 14 por la sacada de cuerpo de uno de los votantes, fueron obtenidos en la Comisión Permanente bajo la influencia de Fuerza Popular, que es el que solicita la segunda votación en respuesta a la demanda de la Corte y los partidos aliados del pacto corrupto que nos gobierna, alentados por un eufórico primer ministro que anteayer se consideraba “agraviado” por la decisión de la autoridad penal supranacional.
Resulta incomprensible que la molestia de un Gobierno no sea por la violación de un tratado, suscrito en forma soberana por el Perú. Y ello es válido también para un llamado de atención a Torre Tagle, que se ha pasado parte de su historia bregando por conectar al Perú con el mundo democrático, liberal y globalizado. Y esta medida del Congreso con apoyo del Gobierno nos manda directo a los 90, cuando por decisión de Alberto Fujimori éramos parias internacionales y tuvo que intervenir la OEA para devolvernos al camino.
El sistema interamericano tiene protocolos, además de intervenciones, como la que autoriza la Carta Interamericana y otras formas de presión política e internacional. También las inversiones privadas y las empresas que las proponen tienen códigos de conducta y ética que deberán de evaluar la situación peruana, así como ocurre en Nicaragua y Venezuela, por poner los ejemplos más cercanos y conocidos.
Lo único que tenemos claro es que toda esta andanada de contrarreformas que cometen el Congreso y el Gobierno, y que son parte del pacto implícito de continuidad y corrupción que llevan a cabo, acabará algún día y los autores serán sometidos a todo tipo de investigaciones y sanciones. El retorno democrático es ineludible y las leyes civilizadas tendrán que volver a establecerse en el marco institucional e internacional. De eso no tengamos la más mínima duda.
