Entre enero y junio de este año, la inversión pública ascendió a S/22 millones 789.244, un 23,6% más a lo registrado en el mismo periodo de 2023, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Dicho monto representa una ejecución de 33,6% del presupuesto anual asignado.
Por ámbito, se ejecutaron S/9.344 millones en el Gobierno nacional (33,6% del total); mientras que en los locales se invirtieron S/7.742 millones (32%) y en los regionales, S/5.357 millones (35,6%).
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Para Daniel Najarro, analista de estudios económicos de ComexPerú, nos adentramos a otro año en el que no se ejecuta eficientemente el pliego para inversiones públicas. Se tienen seis meses para ejecutar cerca del 70% del presupuesto, pero, como sucede siempre, no se podrá alcanzar.
¿Por qué la falla? Uno de los factores es la falta de identificación efectiva de proyectos. En el caso del Gobierno central no hay claridad sobre los que deben priorizarse; mientras que en las municipalidades y Gobiernos regionales padecen la falta de capacitación y los cambios sustanciales a los que están sujetos —donde sus presupuestos suelen variar hasta en 70% en un año, añade el especialista—.
Najarro explica queCarreteras y puentes, por ejemplo.
En 2023, la inversión pública superó los S/50.000 millones en ejecución, mas el extitular del MEF Luis Miguel Castilla recuerda que la gestión de Dina Boluarte maquilló agresivamente las cifras con el fin de no incumplir con la regla fiscal —aun así, se rompió la regla del déficit y anotó uno de 2,8% del PBI—.
Esta jugada generó fastidios en los Gobiernos subnacionales, y abona a las causas que impiden una correcta ejecución de las partidas presupuestarias. Castilla sostiene que este hecho fue la gota que rebalsó el vaso y acabó con el periodo de Alex Contreras en el MEF.
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Najarro añade que aparte de la falta de planificación y capacitación, la corrupción también limita la ejecución de recursos públicos. En datos de la Contraloría, la corrupción le costó más de S/24.000 millones al Estado en 2023. Casi 13,4% del gasto total se pierde por la perversión de las autoridades.
En tanto, Castilla recalca que la elevada rotación de autoridades entorpece la continuidad de los proyectos y sus ritmos de ejecución; así como las controversias y problemas técnicos que terminan gestando obras no licitadas y abandonadas a su suerte.
