El Congreso aprobó, en segunda votación, una ley para obligar a los jueces a aplicar la Ley 31751, también denominada como la 'Ley Soto'. Esta norma reduce a un año el plazo de suspensión de la prescripción en investigaciones, por lo que brinda una amplia probabilidad de beneficiar a los investigados por diversos casos de corrupción.
"Este Congreso del Bicentenario rechaza las intromisiones provenientes de organismos internacionales. En defensa de la soberanía del Estado Peruano y del fuero parlamentario, hoy se puso al debate y se aprobó la segunda votación del dictamen del Proyecto de Ley 6951/2023-CR. Una vez más, hicimos respetar el artículo 93 de nuestra Carta Magna: “Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación”", escribió el congresista Alejandro Soto, en su cuenta de X, para anunciar la medida.
La norma, impulsada por Soto, fue aprobada con 17 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Con esto, se hace efectivo que la suspensión de la prescripción de la acción penal se acorte a un año. En consecuencia, ciertos delitos podrían prescribir más rápidamente, beneficiando a los acusados al impedir que sean juzgados.
La aplicación de esta norma ha sido criticada por expertos y autoridades judiciales. El constitucionalista Rafael Gertin Barturén y el politólogo Alonso Cárdenas han señalado que esta ley facilita la impunidad y deteriora la imagen del Congreso peruano, ya que parece estar diseñada para proteger a políticos corruptos. Por su parte, la Corte Suprema del Perú ha declarado la ley como desproporcionada e inconstitucional, indicando que su aplicación no es adecuada y debe ser revisada por el Tribunal Constitucional o derogada por el Congreso.
A la fecha, esta norma ha sido utilizada por varios políticos peruanos para evitar condenas judiciales. Entre los beneficiados destacan Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre, quien utilizó la ley para prescribir varios procesos penales en su contra, incluyendo malversación de fondos y otros delitos relacionados con la administración pública. También el expresidente Martín Vizcarra y el congresista Jorge Flores Ancachi han invocado esta ley para archivar procesos judiciales que enfrentaban.
De acuerdo con el periodista César Romero, los jueces Ricardo Brousset Salas, Susana Castañeda Otsu, Iris Pacheco Huancas, Iván Guerrero López y Walter Cotrina Miñano aplicaron la Ley 31751 al resolver un recurso de nulidad planteado por Olinda Porras Romo, Luis Alburqueque Yeovanny y Juan Carlos Morales Velásquez, acusados y condenados en primera instancia por delito de falsedad ideológica en agravio de la empresa Latino Sur SAC.
A estas personas la Fiscalía les atribuyó un delito que se había cometido hasta abril del 2010, por lo que se consideró que el plazo máximo que tenía el Estado para condenarlos era de 12 años, más un año de suspensión por acciones judiciales en otro proceso, en aplicación de la ley Soto, por lo que el caso prescribió en abril del 2023.
Sin la ley Soto, el caso habría prescripto en julio del 2024 y la Corte Suprema habría podido confirmar las condenas impuestas.
