El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció que ha recibido el encargo de coordinar con los titulares del Poder Judicial y el Congreso de la República un pronunciamiento conjunto en respuesta al requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de dejar sin efecto el proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad denominado "Ley de Amnistía", la cual permitiría la prescripción de estos delitos.
El incumplimiento de lo ordenado por la Corte IDH representaría un desacato; pese a ello, el Gobierno de Dina Boluarte buscaría insistir en la prerrogativa del Ejecutivo de promulgar la ley cuando eventualmente sea aprobada en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso y llegue a Palacio de Gobierno para su trámite correspondiente.
"Se me ha ordenado tomar contacto con los líderes de los poderes del Estado para coordinar y emitir una respuesta conjunta, manifestando, por supuesto, el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional", declaró a la prensa.
En cuanto al tema de fondo, Gustavo Adrianzén cuestionó que la Corte IDH haya resuelto requerir al Perú que deje sin efecto o no se aplique el proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Considera que es un pedido "insólito" que impide que los poderes del Estado ejerzan sus funciones.
"Absolutamente indignado con lo resuelto por la Corte IDH, que decide de manera insólita, sin precedente alguno en la jurisprudencia de esa corte, dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley. Ni siquiera se ha convertido en ley y lo que resulta intolerable es que llame a los tres poderes del Estado de un país miembro y soberano para impedir que ejerzan las funciones que constitucionalmente les han sido atribuidas", agregó.
Por su parte, este jueves 4 de julio, la Comisión Permanente del Congreso puso en agenda votar el dictamen que propone la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra ocurridos antes del 2002, cuando en el Perú entró en vigencia el Estatuto de Roma.
La iniciativa, impulsada por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi y José Cueto, quien en ese entonces estaba en Renovación Popular, se aprobó con 60 votos a favor en una primera votación y quedó pendiente su ratificación.
La legislatura terminó y la segunda votación para la norma quedó pendiente, por lo que ahora será la Comisión Permanente quien decida si ratificar o no esta medida. Desde el Congreso optaron por ignorar el pronunciamiento de la Corte IDH al respecto.
