Por estos días en que, el cine peruano destaca en Europa con películas como ‘Vino la noche’ (Night Has Come), del peruano Paolo Tizón; la llamada “ley anticine” ya se encuentra en el Despacho Presidencial. A pesar de los reclamos, plantones, pero también de discrepancias al interior del gremio cinematográfico, la propuesta aprobada sin un consenso con la comunidad audiovisual espera la firma de la presidenta Dina Boluarte.
La Asociación de Autores de Fotografía Cinematográfica Peruanos (DFP), se pronunció a través de sus re-des sociales. “Es imperativo para nuestra institución y sus asociados pronunciarse frente a los acontecimien-tos que se vienen dando en el Congreso de la República, aprobando de modo autoritario e irresponsable un proyecto de ley que altera y afecta la política de incentivos económicos que promueven el desarrollo del cine peruano y el ejercicio de nuestra profesión cinematográfica”.
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Cuando el Congreso aprobó el proyecto de ley que afecta el cine peruano(recorta el presupuesto y no propone, por ejemplo, retomar el concurso nacional de proyectos en lenguas originarias), un grupo de ci-neastas cuestionó la inacción de la ministra de Cultura. Para ellos, Leslie Urteaga esperó la votación del par-lamento para dar una posición.
“El informe que envió la ministra Urteaga a la Comisión de Economía del Congreso fue entregado con una demora vergonzosa, un día antes de la votación en el pleno. Tampoco incluyó las sugerencias que le hicie-ron llegar, por mesa de partes y oralmente, los representantes del colectivo para que la Comisión de Econo-mía pudiera realizar cambios oportunos en la redacción de la ley”, dijo el colectivo En defensa del cine peruano.
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DFP cuestiona también que, detrás de una nueva ley de cine exista la posibilidad de censurar proyectos cinematográficos. “Lamentamos y rechazamos todo intento de censura que se trata de imponer al libre acto creativo en el proceso de construcción de nuestra cinematografía”. Y es que, la nueva ley impone normativas para calificar a los concursos anuales. “No pueden beneficiarse las obras atenten contra el Estado de derecho, así como aquellas que contravengan la defensa nacional”, dice la autógrafa. Quién definiría ello es una de las preguntas de la comunidad audiovisual. Es “una política de argumentos y principios éticos y morales que atentan contra las libertades básicas que reconoce nuestra Constitución”, cuestiona DFP en su comunicado.
Aunque hubo algunos cambios, la comunidad audiovisual subraya que la “normativa censora” aún existe. Además, la autógrafa que está en el Despacho Presidencial considera producción peruana a cualquier coproducción extranjera que se ajuste al marco de acuerdos suscritos. Y, para postular, solo se necesitaría estar domiciliado en Perú.
