El Ejecutivo ha observado la ley aprobada por el Congreso de la República que permitiría a las empresas de taxis por aplicativo evitar la fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). En su lugar, la norma sugiere que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital sean las entidades encargadas de las investigaciones. Diversos especialistas han advertido que esta normativa podría aumentar el desorden en las calles y poner en peligro a los pasajeros debido a la informalidad con la que operan algunos conductores.
El proyecto de ley establece que las empresas que administran las aplicaciones de transporte (Uber, Didi, InDrive, Cabify, entre otros), sean responsables de recopilar y mantener datos sobre los choferes, sus vehículos y el servicio brindado. Sin embargo, limita su responsabilidad únicamente al servicio de intermediación, eximiéndolas de cualquier responsabilidad por delitos cometidos por los conductores.
Actualmente, la ATU es la encargada de determinar las condiciones y requisitos para la prestación del servicio de taxi, contribuyendo así a su formalidad. No obstante, con la eliminación de esta regulación, cualquier persona podría ofrecer el servicio de taxi sin necesidad de autorización de un organismo técnico.
El texto de la ley, firmado por el congresista Eduardo Salhuana, presidente de la Comisión de Transportes, señala: "Para la aplicación de la presente Ley se deja sin efecto la disposición complementaria final segunda del Reglamento que regula la prestación del Servicio Público de Transporte Especial en la modalidad de Taxi en Lima y Callao, aprobado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 162-2023-ATU".
El Ejecutivo, mediante el Oficio N° 127-2024-PR, presentó diversas observaciones al proyecto de ley que busca regular a las “empresas administradoras de intermediación del servicio de transporte especial a través de plataformas tecnológicas”, señalando que esta afectaría directamente al servicio de transporte terrestre. Además, introduce el término “servicio privado de transporte especial” sin una definición clara, lo cual no está contemplado en la normativa vigente y requeriría modificar la Ley 27181, incluyendo su gestión y fiscalización. Conoce todas las observaciones en la siguiente lista: