De aprobarse el PL 6951-2023, la esperanza de las víctimas quedará en manos de la interpretación.
*Por Julissa Mantilla Falcón, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Cuando en 1995 la jueza Antonia Saquicuray inició la investigación de la masacre de Barrios Altos, el Congreso aprobó la Ley 26479 para exonerar de responsabilidad a los perpetradores de violaciones de derechos humanos entre 1980 y 1995. La jueza decidió que esa norma no era aplicable porque violaba las garantías constitucionales y las obligaciones internacionales del Estado en derechos humanos. Entonces, el Congreso aprobó la Ley 26492 declarando que la amnistía no era revisable en sede judicial. Finalmente, el caso llegó ante la Corte Interamericana (la Corte), que estableció la incompatibilidad de esas leyes de amnistía con la Convención Americana, por lo que carecían de efectos jurídicos.
Hoy, la historia se repite, ya que el Congreso intenta aprobar el Proyecto de Ley 6951-2023, que niega la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, algo totalmente contrario a los estándares internacionales y que permitiría la conclusión de diversas investigaciones y procesos penales en la materia, como bien ha señalado el Ministerio Público.
Cuando la Corte ordenó la suspensión del trámite legislativo del proyecto, el Congreso respondió calificando ese pronunciamiento como una “intromisión extranjera”, ignorando que la Constitución establece que los tratados firmados por el Estado forman parte del derecho nacional (art. 55) y que quien se considere lesionado en sus derechos puede recurrir a los tribunales y organismos internacionales, previo agotamiento de la vía interna (art. 205).
Legislar para la impunidad no es novedad y si esa norma se aprueba, la esperanza de las víctimas quedará en manos de aquellos jueces y juezas que, como Antonia Saquicuray, entiendan su rol en la defensa de la Constitución y desarrollen el control de convencionalidad. Este es su momento.
