Una de las víctimas cuenta con garantías personales contra uno de los agresores, pero fiscal no las hizo valer. Defensoría del Pueblo hace seguimiento a este caso.
En Ayacucho, cuatro mujeres integrantes de una familia, entre ellas tres adultas mayores, denunciaron haber sido golpeadas con palos y piedras por tres hermanos identificados como Isidro Huaccan Tanta, Héctor Huaccan Tanta y Ricardo Huaccan, quienes además habrían invadido un predio de las denunciantes.
El hecho sucedió el 6 de junio cuando la señora Raymunda de la Cruz (89) fue a visitar junto a sus hijas Petronila (60), Mónica (47) y Rosa (68) un terreno de su propiedad en el sector de Toro Coral, ubicado en el centro poblado de Pampacruz, provincia de Cangallo.
“Me tiraron al suelo, me patearon; gracias a Dios me he salvado, me dejaron la pierna moreteada. Como niña he gritado, he llorado”, señaló Raymunda.
Su hija Mónica agrega que no pudieron defenderse y que los sujetos les hicieron comer tierra. “Vinieron los tres de frente a atacarnos, no nos dieron tiempo de reaccionar, encima de nosotros estaban los palos, las piedras e insultos; vinieron de frente a atacarnos, te vamos a matar, dijeron”.
“Los hombres estaban como locos, no tenían miedo a nada. El ataque ha sido traumante”, agrega Rosa de 68.
Petronila de la Cruz sostuvo que este hecho ha sido un intento de asesinato, por suerte fueron auxiliadas por otro hombre que llegó al lugar de los hechos y detuvo el ataque.
Petronila cuenta con garantías personales contra Isidro Huaccan Tanta, que le dio la Subprefectura de Cangallo debido a las agresiones verbales por ser mujer; sin embargo, señaló que el fiscal Edwin Carbajal Sotelo le dijo que el documento no tenía valor y tuvo un trato indolente.
Isidro Huaccan Tanta tiene denuncias policiales por usurpación y robo. Mientras que Héctor también tiene denuncias por hurto.
Las mujeres sostuvieron que en la comisaría se negaron a tomarles la manifestación ese mismo día y que el fiscal minimizó el hecho al decirles que no podía meter a nadie en la cárcel porque no “había un muerto o un hecho de sangre”.
Las mujeres pasaron por Medicina Legal de Ayacucho y por el hospital de Cangallo para certificar los hematomas producto de la violencia física que ejercieron los hombres.
El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Cangallo. Este diario buscó la versión del fiscal Edwin Carbajal, pero no dio entrevista. Sin embargo, señaló a través del encargado de comunicaciones que “ninguna tiene mayor a 10 días de descanso para que sea configurado como delito, sino como falta”.
Este medio también buscó la versión de los agresores a través de sus redes sociales, pero no respondieron. Por medio de la vía telefónica, Ricardo Huaccán Tanta indicó “ellas pueden señalar lo que quieran, no puedo dar declaraciones”.
La Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Luz Mejía, sostuvo que a través de la oficina en Ayacucho se está verificando en qué contexto se ha dado esta agresión para ver qué ley se aplica la investigación como, por ejemplo, la Ley N.°30364, que previene, sanciona la violencia contra las mujeres. “Porque cuando es contra la mujer, por el solo hecho de ser mujer, entonces el procedimiento es totalmente distinto”.
Con respecto al uso de palos y piedras, señaló que “ya sería delito, porque le está poniendo en riesgo su vida. Se tendría que pasar por médico legista para determinar el grado de afectación a su integridad”.
“Lo que no debemos dejar pasar es que no haya acceso a la justicia, que esto se investigue y se sancione a las personas con todo el rigor de la ley”.
En tanto, la abogada Cecibel Jiménez, de la ONG Flora Tristán, indicó que tras los hechos narrados las dos instituciones han actuado mal en este caso. “Por un lado, tenemos a la Policía y tenemos al fiscal que no solamente incumple sus funciones, sino que tiene un trato indolente, un trato poco empático hacia las víctimas de violencia”.
Resaltó que las autoridades deben tener la capacidad y actuar con la “debida diligencia y no solo conocer la normativa, sino aplicar, tener la claridad cuál es el marco legal que proteger a determinadas víctimas”.
