Keiko Fujimori afirmó que no se puede comparar a Antauro Humala con Alberto Fujimori, luego de ser consultada por la reforma constitucional denominada Ley Antiantauro, que busca prohibir la candidatura de personas sentenciadas.
"No hay que tenerle miedo. La presidenta de la Comisión de Constitución presentó un texto para prohibir la candidatura de ciertas personas, no hablamos de nombres propios, pero lamentablemente no hubo el mínimo requerido, que es alto, para una reforma constitucional", dijo en primer momento para Canal N.
Al ser increpada por el periodista y afirmar que dicha reforma salvaba a su padre, Keiko Fujimori dijo que le parecía inaceptable esa comparación hecha con Antauro Humala, dado que él es un asesino de policías y por ese motivo no se puede establecer dicho símil con su padre.
No obstante, Alberto Fujimori ha sido sentenciado por homicidio calificado con alevosía y secuestro, imponiéndole una condena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el autogolpe ocurrido en 1992. Además, se ordenó una reparación civil, aún pendiente de pago, por una suma de 1,060,400 soles.
El 3 de noviembre de 1991, 15 personas fueron acribilladas en Barrios Altos, uno de los distritos más tradicionales del Cercado de Lima. Las víctimas fueron erróneamente confundidas con miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso y fueron masacradas, incluyendo a un niño de 8 años.
El 18 de julio de 1992, menos de un año después de la matanza de Barrios Altos, un profesor universitario y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta, ubicada en el distrito de Lurigancho-Chosica, fueron secuestrados y asesinados por el Grupo Colina.
A inicios de junio, dos días después de que el Congreso aprobara devolver a la Comisión de Constitución, el dictamen de la reforma constitucional sobre impedimentos para la postulación de sentenciados, el exdictador Alberto Fujimori se afilió a Fuerza Popular con la intención de participar en las elecciones generales de 2026.
Para los congresistas Edgar Reymundo y Jaime Quito, esta afiliación es una maniobra de Fuerza Popular en el Congreso para permitir que su líder sea candidato en los próximos comicios generales.
El pasado 13 de junio, el Pleno iba a votar un dictamen que impide la candidatura de personas sentenciadas por terrorismo, tráfico de drogas, violación, corrupción de funcionarios, peculado, homicidio, trata de personas, secuestro, traición a la patria y aquellos que atenten contra el Estado y el orden constitucional.
Sin embargo, en esa misma sesión, la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, presentó un texto sustitutorio con modificaciones que excluyen delitos, permitiendo así la postulación de su líder histórico.
El abogado penalista Andy Carrión explica que cualquier persona, incluso un preso actual o alguien que no ha cumplido su condena, tiene el derecho de afiliarse a un partido político. No obstante, los problemas surgen cuando una persona con una sentencia condenatoria intenta postularse a un cargo de elección popular. En este caso, existe una imposibilidad jurídica, según lo establece la norma y según la opinión de muchos expertos en materia constitucional.
En esa misma línea, Carrión señaló que no solo es una cuestión normativa, sino también del estatus de Alberto Fujimori, ya que sigue cumpliendo la sentencia que se le impuso. "Lo único que ha sucedido en su caso es que se le ha otorgado la gracia del indulto, pero este no borra el hecho, ni la sanción, ni el delito", aseguró.
