Yvan Montoya, exdirector y asesor del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, advierte que los últimos bastiones que quedan frente a la captura institucional que lleva adelante el Legislativo son algunos sectores del Ministerio Público y del Poder Judicial. Si estos terminan cayendo, vaticina, ya formalmente pasaríamos a formar parte de la lista que integran otros países como Venezuela o Nicaragua. ¿Por qué el Congreso actúa de esta manera? Montoya considera que hay un deseo de autoprotección penal. Es decir, estamos frente a un grupo de personas que, en vez de legislar en beneficio del interés común, lo hacen para favorecerse ellos mismos. En la siguiente entrevista, el también doctor en derecho por la Universidad de Salamanca (España) analiza las posibilidades de que la Corte Penal Internacional se interese por el caso de los asesinatos ocurridos durante las protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte.
La Federación Internacional de Derechos Humanos y APRODEH pusieron en conocimiento de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) el caso de los asesinatos cometidos durante las protestas contra el gobierno entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Hablan de un ataque sistemático en contra de civiles. ¿Cree que hay suficientes indicios para que la CPI abra una investigación?
Sí. Esta es la tercera comunicación que se le hace a la Fiscalía de la CPI sobre los sucesos vinculados a las muertes en el contexto de la represión a las protestas durante la presidencia de Dina Boluarte. Efectivamente, los hechos califican como crímenes de lesa humanidad y, desde ese punto de vista, serían competencia de la CPI. Sin embargo, hay un prerrequisito. El sistema de CPI es subsidiario, es decir actuará en la medida que los órganos internos…
PUEDES VER:
https://larepublica.pe/politica/2024/06/26/onu-comite-especial-expresa-preocupacion-por-ley-de-amnistia-del-congreso-2155114
No actúen.
O actúen deficientemente o con manifiesta intención de que no se encuentre la verdad y no haya justicia para las víctimas. Queda la oportunidad para que, a pesar de las deficiencias, la Fiscalía siga impulsando los casos. La Fiscalía de la CPI tiene que tomar una primera decisión: si admite o no estas comunicaciones y empieza un examen preliminar para ver si hay mérito o no para investigar.
Entiendo que la CPI no actúa en casos que son todavía motivo de investigación en los Estados. El hecho de que haya pasado año y medio desde los hechos y no haya justicia, ¿podría ser un elemento para tomar en cuenta por la CPI?
Sí. En el examen preliminar se evalúa la magnitud de los hechos. No conocen cualquier homicidio o muerte. Este caso, como le digo, califica denominársele un crimen de lesa humanidad. No sé cuántos meses más, pero posiblemente la CPI se tome un tiempo para saber el desenlace de las actuaciones de la Fiscalía peruana. El hecho de que el caso esté en conocimiento de la Fiscalía de la CPI, es una presión para el Perú para que tome en serio sus investigaciones y no tengamos la vergüenza de que el caso se sustraiga de la justicia interna.
¿Usted cree –dada su experiencia– que las víctimas encuentran justicia en el Perú?
Si el escenario cambia o se consolida la institucionalidad del Ministerio Público (MP) tan frágil en estos momentos, podríamos tener algunas noticias interesantes. Por el momento el mensaje es que la Fiscalía podría ser tomada en cualquier momento por una correlación de fuerzas que impidan las investigaciones. El punto de quiebre será si la Fiscalía de la CPI decide admitir este examen preliminar. Desde el punto de vista del derecho internacional supondrá muchísimo y el mensaje al Perú será que está perdiendo la opción de investigar en el ámbito interno.
¿Qué significa para el Perú y el Gobierno que un caso así llegue a una Corte donde se ven grandes violaciones a los derechos humanos?
Es una vergüenza. Quiere decir que las entidades de nuestro sistema de justicia, con la Policía, no gozan de la autonomía suficiente para llevar con seriedad investigaciones de ese tipo.
Fuerza Popular y Renovación Popular impulsan un proyecto que propone que la lesa humanidad no sea aplicable antes del año 2002. El argumento es el siguiente: no pueden aplicarle a nadie una figura que no existía al momento de cometido el hecho. ¿Qué responde?
Si se aprobara sería inconstitucional y claramente en contra de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No lo digo yo. Cuando el Perú se acogió a la Convención Internacional de Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad, el Estado hizo una reserva ante la cláusula que señala que la Convención se aplica para aquellos hechos que califiquen como crímenes de lesa humanidad y que hayan ocurrido en cualquier momento. El Tribunal Constitucional (TC), uno integrado por perfiles muy plurales, se pronunció y señaló que eso era inválido. De hecho, en esa misma sentencia del TC se dice que el principio de legalidad –es decir, que las normas penales no son retroactivas– no es aplicable para aspectos persecutorios. No es para que un ciudadano que comete un delito sepa cuánto tiempo tendrá el Estado para perseguirlo o no. Peor aún si hablamos de violaciones a los derechos humanos. Además, la Corte Interamericana ha dicho en sus sentencias vinculantes que estos artilugios procedimentales vinculados a la prescripción, amnistías, auto-indultos, no son válidos cuando son crímenes contra los derechos humanos.
Hay un profundo desprecio del Congreso por todo lo que tenga que ver con el derecho internacional, ¿no?
Absolutamente. El mayor desprecio se ha notado con el indulto a Alberto Fujimori, donde hay un pronunciamiento expreso de la Corte IDH y no importó ni al TC ni al Ejecutivo. El Congreso también ha dado muestras de ese absoluto desprecio al derecho penal internacional y todo lo que signifique garantía y protección de los derechos a las personas.
Los fiscales del MP rechazaron una serie de dictámenes del Congreso porque señalan que vulneran su autonomía. Mencionaron por ejemplo el que declara en reorganización a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y al propio MP, el que modifica el Código Procesal Penal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado. ¿Estos proyectos buscan invadir instituciones autónomas?
Estamos ante un trabajo progresivo del Parlamento de cooptación de otros poderes del Estado y de organismos constitucionales autónomos. Ya cooptó a la Defensoría del Pueblo. Sus pronunciamientos no son oportunos, no tienen la fuerza de antes, no se le escucha en momentos decisivos. El TC tiene un desprecio por todo lo que es el derecho internacional. De hecho, fueron electos para flanquear o proteger los fueros del Legislativo. En algunos casos, en el Congreso ya ni tienen escrúpulos en explicar por qué eligen a un funcionario. Con la JNJ ya van por el tercer esfuerzo de disolverla, aniquilarla, un organismo fundamental que fue un esfuerzo por garantizar independencia y autonomía en el aparato de justicia. Es decir, ante cualquier cosa que no les guste, te pueden inhabilitar, formar una comisión investigadora, plantear una acusación constitucional por cualquier infracción que se inventen. Hay proyectos de ley vinculados a los fiscales supremos que son de enorme preocupación. No han tocado el Poder Judicial (PJ), pero no me extrañaría que sea el último de los pasos. ¿Qué nos falta? El Jurado Nacional de Elecciones, en fin.
La ONPE.
Creo que, si bien estamos acostumbrados a ver golpes de Estado por parte de las Fuerzas Armadas y del Ejecutivo que alteran el orden democrático, también le llamaría alteración del orden del Estado a lo que hace el Legislativo. Es algo muy parecido a un golpe de Estado lo que hace el Congreso en este momento.
No es invadir instituciones por invadir. Uno percibe que la motivación es la autoprotección.
Correcto. Es muy interesante. El Congreso debe ser el ente que refleje la representación nacional y la pluralidad de opiniones para buscar el interés común. Pero es absolutamente notorio que mucha de la legislación que se proyecta y aprueba está pensada en función de intereses particulares –como lo de la Sunedu, la minería ilegal– y de la autoprotección. Cuando el Parlamento decide ventilar proyectos de ley relacionados con el MP, estos más parecen tener que ver con el interés de cubrirse penalmente, incluso para después. Eso es absolutamente pernicioso. Algunos dicen que el mayor acto de corrupción que un Estado democrático pueda soportar es que sus parlamentarios legislen para beneficio propio.
El MP pidió que los ciudadanos estén alertas y que cuiden la democracia. El Congreso lo tomó a mal, por cierto, y respondió con otro comunicado. ¿Son el MP y el PJ –con todos sus problemas– el reducto final contra el avasallamiento del Congreso?
Dije algo parecido…
Coincidimos entonces.
Los únicos que parecen mantenerse como baluartes del resguardo de la autonomía y de la protección de algunos derechos son sectores del MP y del PJ. Con la asunción del fiscal (Juan Carlos) Villena, el MP intenta recobrar esta autonomía institucional y vemos comunicados firmes en perfecto y legítimo derecho de defender sus fueros. El llamado no puede malinterpretarse de ninguna manera. Este es un contexto en el que esperamos distintas manifestaciones de la ciudadanía, no solo a nivel de protesta, sino mediante comunicados, o acciones de amparo. Y también hay salas judiciales que mantienen una defensa institucional. Si eso es resquebrajado, sea con el pretexto de una reforma del sistema, ya no seríamos una democracia, cambiaríamos de nombre. Estaríamos plenamente identificados con la lista de Nicaragua, El Salvador, Venezuela. Parece que sectores de la izquierda y derecha parecen caminar juntos en lo que es la ausencia del control de poderes. Creo que la situación de peligro no es calibrada suficientemente por la ciudadanía. Ahora hay una suerte de silencio, pero no creo que sea pasivo. Las encuestas manifiestan un altísimo rechazo al Congreso y al Gobierno. La coyuntura nos llevará probablemente a una situación en que prenda de nuevo la voluntad de protestar pacíficamente para rechazar cualquier autoritarismo. Esa es una de las expresiones populares a las cuales el Congreso le tiene pánico.
Por eso le respondió al MP.
Claro, es pánico. La historia nos dice que esas son las formas en las que precipitamos salidas democráticas.
