Keiko Fujimori debe asistir a las audiencias en la sede 'Carlos Zavala Loayza', donde se solicita una pena de 30 años y 10 meses contra ella.
Keiko Fujimori debe asistir este 1 y 2 de julio a las audiencias que se desarrollarán en la sala número 1 de la sede 'Carlos Zavala Loayza', al lado del Palacio de Justicia, por el caso Cócteles. La Fiscalía, de la mano de José Domingo Pérez, solicita una pena de 30 años y 10 meses contra la lideresa de Fuerza Popular.
El juicio contra Keiko Fujimori y los 48 investigados no iniciará este lunes; por el contrario, los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional verificarán que todos los 48 acusados estén presentes y cuenten con sus respectivos abogados, para asegurar el derecho de defensa.
Keiko Fujimori y los demás acusados están citados de manera presencial, esta medida es obligatoria, por lo que deberán asistir sí o sí a la sede de "Carlos Zavala Loayza"; no obstante, siempre hay la posibilidad de una excusa justificada. En algunos casos, existen algunos investigadores que residen en otros países, en estos casos ellos tienen la obligación de conectarse por videoconferencia.
Por otro lado, Keiko y los otros acusados por el caso Cócteles también pueden solicitar no asistir a la audiencia de manera presencial, pero deben justificar los motivos antes de las 9:00 a. m. del 1 de julio. La única excusa permitida es un tema de salud o impedimento físico, con mayor frecuencia.
El proceso judicial contra Keiko Fujimori y los 48 investigados podría prolongarse hasta dos años, según precedentes de casos similares. Por lo tanto, es posible que el veredicto se emita antes, durante o después de las elecciones de abril de 2026. Si Keiko Fujimori decide postularse nuevamente a la presidencia, deberá compaginar su asistencia a las audiencias con las actividades de la campaña electoral.
Ante esta situación, la Fiscalía podría solicitar nuevas condiciones en su situación procesal actual para asegurar su presencia continua en el juicio, lo cual podría incluir la solicitud de prisión preventiva, considerando la complejidad del caso.
La Fiscalía ha presentado más de 5,900 evidencias, incluyendo testimonios, documentos, correos electrónicos y grabaciones, para demostrar la implicación de Keiko Fujimori y sus 41 presuntos cómplices, así como la participación de Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces SAC. La decisión final sobre estas pruebas y la culpabilidad de los implicados recaerá en los jueces.
El caso "Cócteles" recibe su nombre debido a la presunta forma en que se recaudaron fondos para la campaña de Keiko Fujimori. Según las investigaciones, el partido Fuerza Popular, liderado por Fujimori, organizó eventos denominados "cócteles" que servían como fachada para obtener dinero.
Estos eventos, aparentemente destinados a ser reuniones de financiamiento legítimo, habrían sido utilizados para ocultar contribuciones ilegales de dinero, incluidos supuestos aportes de la constructora Odebrecht.
En estos "cócteles", se vendían entradas o tarjetas a precios elevados, que luego eran adquiridas por personas o empresas que deseaban apoyar al partido, a menudo con dinero de origen cuestionable, lo cual generó acusaciones de lavado de activos.
Los magistrados que integran la sala son Juana Mercedes Caballero García, Nayko Coronado y Max Oliver Vengoa Valdiglesias.
La jueza Mercedes Caballero ha sido cuestionada por haber ordenado la liberación de una banda dedicada a la microcomercialización de droga, a pesar de las evidencias presentadas por la fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP).
Nayko Coronado, graduada como abogada de la Universidad San Martín de Porres, posee una maestría en Ciencias Penales. Ella preside el colegiado que lleva a cabo el juicio contra Ollanta Humala, investigado por presunto lavado de activos.
Por su parte, el juez Max Oliver Vengoa Valdiglesias se graduó como abogado en la Universidad Andina del Cusco. En marzo de 2021, fue designado juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
