El juicio oral por el caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori y Fuerza Popular en presuntos aportes ilegales durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016, comienza el lunes 1 de julio.
Con la programación del juicio oral contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles para este lunes 1 de julio, ordenado por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, la Fiscalía espera que la lideresa del partido naranja enfrente una pena de 30 años de prisión y que el partido Fuerza Popular sea disuelto.
Como se recuerda, Fujimori es acusada de lavado de activos mediante aportes a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. La Fiscalía sostiene que se usaron cócteles como fachada para recibir aportes irregulares.
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El Caso Cócteles, que implica a Keiko Fujimori y a su partido Fuerza Popular, se originó a partir de investigaciones sobre presuntos aportes ilegales durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.
La indagación comenzó a tomar forma en diciembre de 2017, cuando el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, inició una investigación preliminar sobre los fondos recaudados por el partido. Se sospechaba que los eventos sociales denominados "cócteles" eran utilizados como fachada para encubrir donaciones ilegales, incluyendo posibles aportes de la constructora brasileña Odebrecht.
Asimismo, el caso ganó impulso significativo en marzo de 2018, cuando Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, declaró ante los fiscales del caso Lava Jato en Brasil. Barata afirmó que Odebrecht había financiado la campaña de Keiko Fujimori en 2011 con aportes no declarados. Estas declaraciones sugerían que los fondos recaudados en los cócteles no se reportaban oficialmente y se usaban mecanismos de lavado de dinero para ocultar su origen.
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Por ello, las autoridades realizaron varias intervenciones y registros en oficinas vinculadas al partido fujimorista y propiedades de allegados a Keiko Fujimori. Estas acciones tenían el objetivo de recolectar evidencias adicionales que confirmaran las irregularidades en los registros financieros del partido.
Las intervenciones revelaron documentos y testimonios que fortalecieron la hipótesis de la Fiscalía sobre la existencia de una organización criminal dentro de Fuerza Popular, dedicada al lavado de dinero y obstrucción a la justicia.
El 3 de octubre de 2018, la Fiscalía solicitó la detención preliminar de Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular, argumentando que existía un riesgo de obstrucción a la justicia. El 10 de octubre de 2018, Keiko Fujimori fue detenida preliminarmente por orden del juez Richard Concepción Carhuancho. El 31 de octubre de 2018, el juez Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva para Fujimori, alegando que existían suficientes indicios de que lideraba una organización criminal dentro de su partido.
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El fiscal José Domingo Pérez formalizó las acusaciones contra Keiko Fujimori y otros miembros de la organización política, acusándolos de lavado de activos y obstrucción a la justicia. Las acusaciones incluían la manipulación de testigos y la falsificación de documentos para ocultar los aportes ilegales. En enero de 2020, Keiko Fujimori fue nuevamente detenida por orden del juez Víctor Zúñiga, quien consideró que persistía el riesgo de obstrucción a la justicia.
El escándalo Lava Jato, que comenzó en Brasil y se extendió a varios países de América Latina, ha tenido un impacto significativo en la política peruana. Las investigaciones han expuesto la corrupción a gran escala y el uso de sobornos por parte de empresas como Odebrecht para obtener contratos lucrativos. El Caso Cócteles es uno de los muchos ejemplos de cómo estas prácticas corruptas han influido en las elecciones y el gobierno en Perú.
El Caso Cócteles ha tenido múltiples ramificaciones, afectando no solo a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, sino también a diversas figuras políticas y empresariales en el país. La investigación ha puesto en evidencia prácticas corruptas y ha subrayado la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de los partidos políticos en Perú.
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Finalmente, en noviembre de 2019, el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de Keiko Fujimori, alegando que se habían vulnerado sus derechos en el proceso que condujo a su prisión preventiva. Sin embargo, en abril de 2020, Fujimori fue liberada bajo comparecencia restringida, debiendo cumplir ciertas restricciones mientras continuaba el proceso judicial.
