Comisario Raúl Garaúndo Ramos fue detenido hace una semana con 57.000 soles que serían producto de sobornos de dueños de night clubs en distrito arequipeño.
El Ministerio Público en Arequipa solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el mayor PNP Raúl Víctor Garaúndo Ramos, excomisario de la dependencia policial de Mariscal Castilla, del distrito de Cerro Colorado, implicado en el cobro de sobornos a bares que favorecerían la prostitución.
El miércoles 26 de junio será analizada la solicitud del Ministerio Público. La magistrada Janet Lastra, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa será la responsable de evaluar el requerimiento fiscal.
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El excomisario de Mariscal Castilla fue detenido con otro agente de la Policía Nacional, el suboficial Jean Franco Cornejo Vásquez, y el civil Thomas Enrique Choque Medrano, también implicados en el cobro de sobornos.
En su poder se halló la suma de S/57.000, que serían producto de las coimas para evitar nuevas fiscalizaciones y cierre de los bares, ubicados en el distrito de Cerro Colorado. El excomisario habría realizado algunos operativos contra los negocios como método de coacción, para luego exigir el pago de sobornos.
Según la hipótesis inicial del Ministerio Público, habrían más personas implicadas, desde agentes policiales hasta personal de fiscalización edil.
La operación se concretó la madrugada del martes 18 de junio, con detenciones y allanamientos en los distritos de Cerro Colorado y Paucarpata, que incluyeron la inspección de seis inmuebles, entre ellos la comisaría, un local nocturno y cuatro domicilios.
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Durante el registro, en la habitación y la oficina del mayor PNP Garaundo Ramos, dentro de la referida comisaría, se incautó un total de 57.000 soles en sobres, mientras que en los otros inmuebles se encontraron 10.000 soles. Todo este dinero supuestamente fue obtenido a través del cobro de cupos.
Las acciones de allanamiento y las detenciones preliminares por 7 días fueron autorizadas por la jueza Janet Lastra, a solicitud del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
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