Javier Milei inaugurando sesiones en Wall Street en su más reciente visita a Nueva York (Foto: Seth Wenig / AP)
El presidente argentino, Javier Milei, ha vetado la ley de financiamiento universitario, una decisión que ya había anticipado en redes sociales y que finalmente se formalizó a través del decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial. Esta medida fue tomada apenas horas después de la masiva movilización en defensa de la educación pública, donde organizaciones estudiantiles y gremiales reclamaron por la promulgación de la norma.
El Poder Ejecutivo, sin embargo, sostiene que el veto es una decisión fundamentada en la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit cero. “El veto será total”, había amenazado el presidente en su cuenta de X.com, mencionando que la ley generaría un aumento del gasto público que el país no puede afrontar. Según lo expresado por el mandatario, la norma no especificaba de dónde se obtendrían los recursos para incrementar el presupuesto universitario, lo que fue uno de los principales argumentos para rechazarla.
El veto presidencial se centra en la necesidad de cuidar las finanzas públicas y evitar un incremento en el déficit fiscal. En el texto del decreto, el Ejecutivo sostiene que cumplir con la ley aprobada por el Congreso sería “un irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades”, en un contexto económico que requiere austeridad. Además, la administración de Milei aseguró que la normativa buscaría perjudicar políticamente al Gobierno, en lugar de defender el financiamiento universitario.
En la comunicación oficial, se expresó que “es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos”, en referencia a los parlamentarios que apoyaron la ley. Asimismo, el Gobierno calificó la movilización universitaria como “una manifestación política”, y acusó a dirigentes de la oposición de organizar un frente común contra la actual administración.
En la Casa Rosada se informó que aún no cuentan con el respaldo asegurado del bloque Pro para sostener el veto, lo que genera incertidumbre sobre si podrán reunir la minoría necesaria en ambas cámaras para evitar que la oposición logre los dos tercios de los votos y anule la decisión presidencial. No obstante, confían en las gestiones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien está en busca de adhesiones que permitan sostener la postura oficialista.
El gobierno dilató por más de tres semanas la publicación del veto, dejando pasar el plazo legal de diez días hábiles, con la intención de evitar que la movilización ganara más fuerza. Según fuentes cercanas, la decisión de vetar estaba tomada desde antes de la votación, pero se esperaba el momento adecuado para hacerla efectiva.
Uno de los principales argumentos en contra de la ley es el impacto financiero que esta tendría en el presupuesto nacional. El proyecto contemplaba la actualización mensual del presupuesto universitario en función de la inflación, con retroactividad al 1 de diciembre del año anterior. Este mecanismo, según el Poder Ejecutivo, representaría un aumento considerable en el gasto público, sin una fuente clara de financiamiento.
El Gobierno justificó el veto asegurando que dar cumplimiento a la ley pondría en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas, al generar una necesidad imprevista de recursos adicionales. “La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”, señaló la Casa Rosada en su comunicado.
La administración de Milei también destacó que tienen como fin último y central mantener el equilibrio fiscal y garantizar la estabilidad de la macroeconomía, lo que, según ellos, implica tomar decisiones difíciles, como este veto. Al cierre del decreto, el Ejecutivo subrayó que no es posible comprometer el futuro financiero del país en aras de promesas que no tienen sustento económico.
