Sede del Opus Dei en Buenos Aires (foto de Google Street View)
Las autoridades judiciales en Argentina han imputado a altos dirigentes del Opus Dei por acusaciones de explotación laboral y trata de personas, según una denuncia presentada por 44 mujeres. Estas mujeres afirman haber sido sometidas por la organización religiosa a un régimen de semi esclavitud. El caso abarca a sacerdotes que desempeñaron funciones importantes en la organización a lo largo de las últimas décadas.
La denuncia presentada inicialmente en 2022 resultó en la imputación de cinco sacerdotes del Opus Dei por la fiscalía del país, bajo la dirección de Eduardo Taiano. Entre los acusados se encuentran Carlos Nannei, Patricio Olmos y Víctor Urrestarazu, todos ex vicarios regionales del Opus Dei en Argentina. Gabriel Dondo, anterior director de la rama femenina en el país, también es mencionado, aunque actualmente reside en Paraguay.
Un quinto sacerdote, Mariano Fazio, quien no está formalmente imputado, podría igualmente enfrentarse a cargos si prospera la solicitud de la querella. Fazio fue director de la institución entre 2010 y 2014 y actualmente reside en Roma, siendo un miembro relevante del gobierno mundial del Opus Dei.
El proceso judicial se originó con una investigación por parte de la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina, que posteriormente trasladó el caso a la Justicia federal. De los 44 casos reportados, la fiscalía ha considerado que solo cuatro podrían encontrarse bajo la Ley de Trata de 2008, ya que la mayoría de las denunciaras abandonaron la organización antes de su vigencia. El juez Daniel Rafecas, encargado de avanzar los pedidos de indagatoria, analizará los detalles pertinentes para delimitar las imputaciones.
Un relato significativo proviene de una de las denunciantes, quien compartió su experiencia con la periodista Laura Bistagnino. La mujer relató cómo, siendo aún joven, fue abordada en un viaje hacia Argentina desde Bolivia con la promesa de poder estudiar. Sin embargo, en lugar de recibir educación, ella y su hermana fueron forzadas a realizar trabajos domésticos y afrontar restricciones de libertad bajo un intenso control espiritual.
Tras varios intentos de escapar de este sistema opresivo, las hermanas fueron repetidamente llevadas de vuelta al control del Opus Dei. En un momento, la denunciante fue incluso llevada a Roma, donde continuó viviendo bajo condiciones precarias hasta que su salud mental finalmente colapsó, obligando a la institución a intervenir con atención psiquiátrica.
La Protex y la Fiscalía describen un complejo sistema de manipulación diseñado para atraer a jóvenes mujeres bajo falsos pretextos educativos. Las pruebas reunidas, principalmente por la Policía Federal Argentina, incluyen vigilancias en diversas residencias del Opus Dei, observando el papel de las mujeres que aún sirven en estos lugares.
La Unidad Federal de Investigaciones sobre el delito de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina certificó que, durante un año, continuaron estas prácticas en las casas del Opus Dei en Buenos Aires y otras localidades.
Con base en estas observaciones, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata ha jugado un papel crucial en asistir a las víctimas. Mientras el proceso legal avanza, el Opus Dei ha expresado que, aunque miles de adolescentes pasaron por su Institución de Capacitación sin incidentes graves, las denunciantes podrían haber tenido “malas experiencias” y reconocieron posibles incumplimientos legales.
El Opus Dei es una organización católica fundada en 1928 por el sacerdote español Josemaría Escrivá de Balaguer, que nació como una institución secreta y logró alcanzar poder durante el franquismo. La llegada del Opus Dei a Argentina se produjo en 1950, como parte de su expansión por Centro y Sudamérica, y su influencia aumentó en los años 60, especialmente bajo el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, donde sus miembros comenzaron a ocupar posiciones destacadas en el poder político y judicial del país.
En ese contexto, en 1961 se estableció la Asociación para el Fomento de la Cultura (AFC), la principal asociación civil de “La Obra” en Argentina, que actualmente gestiona más de 30 “iniciativas apostólicas” en todo el país. Estas iniciativas incluyen residencias, casas de retiros, centros culturales y clubes.
Entre sus instalaciones, se destaca la sede principal del Opus Dei en Argentina, ubicada en la calle Vicente López, en el corazón de una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires, Recoleta. Esta propiedad ocupa casi un cuarto de manzana y su valor se estima entre 15 y 20 millones de dólares.
La fachada, de estilo europeo, presenta un frente de aproximadamente 30 metros y cuenta con dos niveles. El complejo se divide en dos edificios: uno de ocho pisos, destinado a sacerdotes y miembros numerarios, y otro de seis, donde residen las numerarias auxiliares, quienes ejercen funciones de servicio doméstico dentro de la institución.
El terreno fue donado por la Ciudad de Buenos Aires a una asociación civil relacionada con “la Obra” en 1972, durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse. Además, parte de la construcción fue financiada mediante un subsidio otorgado por un decreto de la dictadura de Jorge Rafael Videla en 1980.
Estos datos han sido corroborados por una serie de documentos oficiales del Registro de la Propiedad Inmueble y del Centro de Documentación de la Legislatura Porteña de dominio público. Varios ex miembros del Opus Dei han indicado que el complejo fue considerado un “regalo de la dictadura”, lo que añade una capa controversial a la historia de esta institución en el país.
