Una auditoría del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), solicitada por la Junta Departamental de Artigas, ha desvelado el pago de $ 52,7 millones en horas extras irregulares a 53 funcionarios, dentro de un total de $326.934.704 pagos en este concepto entre diciembre de 2020 y noviembre de 2023.
Las anomalías incluyen incumplimientos normativos, la ausencia de controles efectivos y la falta de reglamentos claros, según detalla el informe al que tuvieron acceso diversos medios de prensa.
El 30 de julio, el TCR aprobó el informe elaborado por sus auditores, disponiendo remitir las conclusiones a la Asamblea General, la Junta y la Fiscalía.
Además, se definió que en caso de una solicitud de subsidio por parte del exintendente Pablo Caram, el Tribunal de Cuentas tomaría la decisión final sobre la intervención preventiva del gasto.
El documento subraya que las irregularidades detectadas son “consecuencia tanto de normas que no fueron reglamentadas previo a su aplicación como de la falta de controles, separación de funciones y oposición de intereses, escasa rotación de funcionarios y registraciones manuales realizadas por el personal de Recursos Humanos”.
Asimismo, se destaca la “ausencia de un ambiente de control eficaz”, atribuida a la falta de una clara definición de responsabilidades y asignación de tareas para los funcionarios, así como al inapropiado comportamiento de estos ante la falta de controles y la carencia de reglamentos y manuales de procedimientos, lo que resultó en «un ambiente propicio para el desarrollo de las irregularidades constatadas”.
Entre las recomendaciones del informe se encuentra la necesidad de iniciar “investigaciones administrativas y sumarios” para “determinar responsabilidades por el trabajo extraordinario inexistente, o que excede los límites legales, así como por no ser autorizado por el jerarca respectivo en forma fundada”.
En diciembre de 2023, la Junta Departamental solicitó al TCR una auditoría centrada en diversos aspectos: el procedimiento de generación, liquidación y pago de horas extras y compensaciones por mayor horario, incluyendo autorizaciones, registros, sistema informático, control interno y adecuación normativa entre 2020 y 2023; analizar el riesgo de existencia de más funcionarios con irregularidades; identificar a los responsables de presuntas irregularidades en 14 casos específicos y determinar si se realizaron los correspondientes aportes a la seguridad social.
De este análisis se desprende que entre 2020 y 2023 se pagaron $ 52.722.024 en horas extras a 53 funcionarios, una cifra que alcanza los $ 54.780.057 si se incluyen las compensaciones. Estos funcionarios registraron entre 80 y 134 horas extras en promedio mensual.
El pago de horas extras en la administración se basa en normativas específicas, como el artículo 9 del Presupuesto Departamental, que establece límites de 72 horas extras mensuales para funcionarios con jornada de 6 horas diarias y 16 para aquellos con jornadas de 8 horas. Además, una orden de servicio emitida el 22 de noviembre de 2023 dispuso que las horas extras se liquidaran hasta un máximo de 80 horas.
La auditoría revisó una muestra del 16.6% del periodo, comprendiendo a 26 funcionarios durante meses seleccionados entre 2020 y 2022, y concluyó que “se pagaron horas extras por encima del límite establecido en el Convenio 30 de la OIT, sin constancia de las tareas realizadas ni justificación de las horas extras”.
A petición de la Junta Departamental, la auditoría del TCR observó detenidamente a 9 funcionarios identificados, sumando luego otros 4 casos. Entre estos se encuentra Stefani Severo, pareja del primo del intendente Caram, cuyo caso es el único con intervención judicial hasta el momento, acumulando $ 1493.378 en pagos por horas extras irregulares.
Otro funcionario relevante es Miguel Irrazabal, asesor de la Dirección General, quien cobró más de 100 horas extras mensuales, sin que consten marcas en el reloj biométrico desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2022 y desde mayo de 2023. También se destaca el caso de Nelson Rolon, quien pasó de ser cargo de confianza a grado 9 con más de 100 horas extras mensuales autorizadas sin justificación y sumando un total de $727.977.
Carlos Negro, encargado de comunicaciones, recibió una compensación del 40% sin justificar, acumulando pagos de más de 100 horas extras mensuales y un total de $ 2.053.274. También se menciona a Omar Bicera, quien realizó más de 80 horas extras mensuales con un total de $ 1.582.890, y Luis Ribero, que cobró $2.724.568 tras ser responsable de la flota vehicular de la intendencia y realizar tareas de chofer.
Ney Pechi, chofer de ingeniería y obras, trabajó varios sábados y feriados, superando las 100 horas extras en diciembre de 2023 y fue mencionado en la denuncia de un edil por su relación con una secretaria administrativa de la intendencia.
El informe del Tribunal de Cuentas concluye que la Intendencia de Artigas posee un sistema de control interno débil respecto a horas extras y compensaciones, incumpliendo la normativa que regula el trabajo extraordinario. Se destacan 13 debilidades, aunque algunas medidas correctivas fueron implementadas en marzo de 2023.
