Para hacer frente a esta crisis, proponemos la declaración de Emergencia Infantil y Adolescente. Esta medida implicaría la implementación de un conjunto de acciones urgentes desde el 1° de marzo para garantizar los derechos básicos de estos niños y adolescentes. Eso supone maximizar esfuerzos para direccionar recursos del presupuesto con que se va a contar y ya votado por anterior legislatura.
Entre las medidas que proponemos desde nuestro espacio y como precandidato presidencial del Frente Amplio, se encuentra las siguientes:
1) Asegurar la asistencia alimentaria
Se deben implementar programas que garanticen el acceso a una alimentación adecuada y saludable para los niños de familias con bajos ingresos. Eso implica ampliar el Sistema Nacional de Cuidados para darles cobertura inmediata.
2) Incrementar las transferencias directas monetarias
Aumentar las ayudas económicas a las familias con bajos ingresos para que puedan cubrir las necesidades básicas de sus hijos. Eso se complementa con incluir al beneficio a las casi 53.000 madres que están en condiciones de recibir las transferencias según los parámetros actuales y que por diversas razones no saben o no han podido ser integradas.
3) Garantizar la atención en salud
Se debe asegurar el acceso a servicios de salud de calidad para todos los niños, independientemente de su situación socioeconómica. Eso implica que en todas las policlínicas rurales se incorpore al menos un o una médica general y pediatra en forma sistemática, y articular plan SATS (Sistema de Atención Temprana de Salud) con móviles en territorio, idénticos a los que funcionan en planes de vacunaciones, pero con atención primaria de salud para niños de 0 a 14 años. En un proceso más prolongado debemos facilitar que la relación especialistas médicos infantiles/población deje de ser desigual en territorio y se promueva la radicación de médicos equitativamente en todo el país.
4) Planes de vivienda
Se deben implementar programas para proporcionar soluciones habitacionales dignas a las familias de bajos ingresos con niños y adolescentes. Articular plan nacional de vivienda popular que priorice a las familias con niños en situación de pobreza
5) Iniciativas a largo plazo
implementar programas de prevención dirigidos a las familias y la comunidad.
La situación actual de la infancia en Uruguay presenta desafíos urgentes. Miles de niños y adolescentes se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a la pobreza estructural que afecta a sus familias. Para hacer frente a esta crisis, proponemos la declaración de Emergencia Infantil y Adolescente, junto a la implementación de medidas y programas integrales. Es fundamental un compromiso conjunto por parte del Estado, las organizaciones sociales y la comunidad para garantizar el bienestar de estos niños y niñas. La declaración de Emergencia Infantil y Adolescente es un primer paso crucial, pero se requiere un trabajo sostenido a largo plazo para abordar las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.
Es absolutamente urgente implementar un sistema efectivo de detección temprana de situaciones de violencia familiar y abuso en los centros educativos, aprovechando la observación y comunicación de los niños, quienes son a menudo los primeros en manifestar señales de alerta. Para ello, se propone constituir equipos técnicos de profesionales provenientes de distintos ministerios de salud, especializados en la detección temprana de violencia de género e intrafamiliar. Estos equipos serán formados en colaboración con organismos internacionales especializados en la materia. Además, se establecerán estos equipos especializados de manera permanente en todas las escuelas públicas. La presencia constante de estos profesionales garantizará un monitoreo continuo y una intervención oportuna. Los equipos recibirán formación continua y estarán coordinados con las autoridades escolares y de salud, asegurando una respuesta rápida y eficiente ante cualquier indicio de violencia.
Por otro lado, crearemos espacios de resolución de conflictos en las escuelas, aprovechando su rol como puntos de referencia geográficos comunitarios, para abordar disputas vecinales e intrafamiliares fuera del horario escolar. Para ello, se establecerán mesas de resolución de conflictos en cada escuela, con equipos interdisciplinarios seleccionados a través de concursos entre los cargos ya existentes, evitando la creación de nuevos puestos. Además, se incluirán en estas mesas a dos vecinos elegidos por votación en cada barrio o zona, asegurando la representatividad y el compromiso comunitario. Las mesas vecinales funcionarán tres noches por semana, de 8 p.m. a 12 a.m., ofreciendo asesoría y mediación para la resolución de conflictos entre vecinos y dentro de las familias. Se proveerá formación especializada para los miembros de las mesas y se asegurará que cuenten con los recursos necesarios para mediar y resolver conflictos efectivamente. La implementación de equipos especializados en las escuelas permitirá identificar y abordar situaciones de violencia de manera temprana, protegiendo a los niños y a sus familias. Las mesas vecinales de resolución de conflictos contribuirán a una mejor convivencia comunitaria, resolviendo disputas de manera pacífica y constructiva. La participación de vecinos en la resolución de conflictos fortalecerá los lazos comunitarios y generará un entorno más seguro para todos los uruguayos.
La generación de fuentes de trabajo para las familias es un pilar fundamental para la superación de la pobreza infantil. Un empleo digno y estable permitiría a estas familias cubrir sus necesidades básicas, brindarles mayor autonomía y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la creación de empleo es un desafío complejo que requiere un esfuerzo conjunto. Se deben implementar políticas públicas que incentiven la inversión, la creación de empresas y la capacitación laboral. Fomentar el desarrollo de la economía social y solidaria, junto con la promoción de la educación y formación profesional, también son aspectos claves. La generación de empleo, junto a la implementación integral de las medidas y programas propuestos, puede tener un impacto significativo en el bienestar y las oportunidades de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Uruguay.
Nuestro objetivo final es construir un futuro más justo y equitativo para todos los niños y niñas del país, donde puedan ejercer plenamente sus derechos y alcanzar su máximo potencial. Solo así podremos garantizar un mejor Uruguay para las próximas generaciones.
