El 4 de febrero de 2022, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, vivió una tarde para el olvido. Mientras conducía, colisionó con dos autos estacionados y, al ser sometido a una espirometría, la prueba arrojó un resultado positivo de 1,53 gramos de alcohol en sangre.
Este incidente llegó rápidamente a la Torre Ejecutiva, donde Alejandro Astesiano, quien por entonces era el jefe de la seguridad presidencial, decidió utilizar sus contactos en la cúpula policial para que se dé inicio a una investigación en contra del sindical.
La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgtrid) fue puesta en marcha con el objetivo de determinar si Abdala había visitado una boca de venta de sustancias ilícitas, bajo el pretexto de una “preocupación” del presidente Luis Lacalle Pou.
Astesiano, argumentando que el presidente estaba informado al detalle, revisó cámaras de videovigilancia y solicitó información a las autoridades policiales. Incluso coordinó reuniones en el anexo de la residencia presidencial de Suárez y Reyes con oficiales, en el marco de una «investigación sobre Abdala».
Muchos de estos intercambios de WhatsApp se realizaron con el entorno cercano de Lacalle Pou, e incluso en una ocasión con el propio presidente. Estos hechos se describen en detalle en el libro «El caso Astesiano. Una trama de espionaje y corrupción en la Torre Ejecutiva», del periodista Lucas Silva.
La fiscal de Flagrancia de 12º turno, Sabrina Flores, está investigando el uso del aparato policial para indagar a Abdala. En abril, dos oficiales de la Dgtrid que trabajaron con Astesiano declararon sobre el tema.
La aparición de una captura de pantalla en el celular incautado a Astesiano, en la que se ve que Lacalle Pou respondió “perfecto” cuando su custodio le informó sobre la investigación, llevó a Flores a considerar una nueva pericia al teléfono para recuperar los intercambios de WhatsApp con el mandatario.
A pesar de los esfuerzos de la prensa por obtener una declaración de Lacalle Pou, desde Presidencia se informó que no harían comentarios. Sin embargo, los mensajes de WhatsApp revelan la reacción inicial del presidente y su entorno. Una hora después del accidente, Astesiano informó al secretario privado de Lacalle Pou, Nicolás Martínez, quien respondió con incredulidad y preocupación. Astesiano aprovechó la situación para presionar y «matar» políticamente a Abdala, aunque sin recibir respuesta de Martínez.
Astesiano continuó con sus contactos, hablando con Héctor Ferreira, subdirector administrativo de la Policía, y Homero Gadea, otro secretario privado del presidente. Ferreira proporcionó las primeras fotos del accidente, mientras que Gadea le envió un enlace a una noticia sobre el incidente. Astesiano informó rápidamente a Lacalle Pou sobre todos los detalles.
El 5 de febrero, Astesiano compartió con Jorge Berriel, subdirector ejecutivo de la Policía, material de las cámaras del sistema de monitoreo policial. Sostenía que Abdala había visitado un autoservicio con «pinta de boca», cerca del Ministerio de Trabajo, lo que levantó sospechas sobre posibles actividades ilícitas.
Se puso a la venta mi libro sobre el caso Astesiano y estoy muy contento. También agradecido con @JulianUbiria y el equipo de @penguinrandom por el interés en la investigación; lo mismo con mis compañeros de @ladiaria por el aguante de siempre. //t.co/jaN59mT0le pic.twitter.com/TEGH6KzCYr
— Lucas Silva (@LucasMartinSil) June 6, 2024
El 10 de febrero, Astesiano solicitó una reunión con Óscar Sosa, subdirector de la Dgrtid, quien accedió a pesar de estar en cuarentena por Covid-19. La reunión se realizó el 11 de febrero en la residencia de Suárez, donde Astesiano y el oficial designado discutieron la preocupación del presidente sobre Abdala. Este encuentro fue solo el inicio de una serie de gestiones que involucraron a varios altos mandos policiales.
El 16 de febrero, Rafael Alen, comisario de la Brigada Antidrogas de Montevideo, informó a Astesiano que habían comenzado a actuar sobre sus pedidos. A pesar de las investigaciones y la vigilancia sobre el comercio visitado por Abdala, no se encontraron pruebas de actividad ilegal. El 15 de marzo, Alen confirmó que las vigilancias no habían dado resultados positivos.
Un año después del accidente, en febrero de 2023, la fiscal Gabriela Fossati citó a declarar a Abdala y a Nicolás Martínez, pero no encontró evidencias de delitos. Sin embargo, Sabrina Flores, sucesora de Fossati, avanzó en varias líneas de investigación que habían sido consideradas secundarias o cerradas por su predecesora. En abril, Alen y Sosa declararon sobre sus roles en la investigación iniciada por Astesiano.
