El presidente Luis Lacalle Pou abordó este viernes la controversia que llevó a la renuncia de Pablo Iturralde, presidente del Directorio del Partido Nacional, tras haber mantenido una conversación con el exsenador Gustavo Penadés y sugerir que podía influir en la designación de la fiscal del caso, Alicia Ghione.
“He estado escuchando muchas cosas en estas últimas horas. Si hay algo que no hubo en este caso es presión sobre los fiscales. La fiscal falló y falló totalmente contrario a lo que supuestamente se estaba presionando”, afirmó el mandatario durante una rueda de prensa en la inauguración de viviendas de Mevir en Chuy, Rocha.
Luego de que salieran a la luz las conversaciones entre Iturralde y Penadés, Iturralde presentó su renuncia, negando rotundamente cualquier intento de “algún tipo de incidencia en la asignación del fiscal en el caso del exsenador Penadés”. Sin embargo, desde la Asociación de Fiscales del Uruguay, este hecho fue visto como un intento de “ciertos centros de poder buscando avasallar y condicionar a la Fiscalía en su tarea”.
La renuncia de Iturralde ha generado diversas reacciones dentro del Partido Nacional. Muchos lamentan la caída de un dirigente clave y consideran que su dimisión era inevitable.
En sus declaraciones, Lacalle Pou también manifestó su preocupación por el tratamiento de ciertos casos por parte de la Fiscalía, señalando que existe una percepción de que algunos casos avanzan a diferentes ritmos.
“Hay preocupación con respecto a algún tratamiento de Fiscalía, por supuesto que lo hay”, subrayó Lacalle Pou, añadiendo que las causas parecen moverse a diferentes velocidades.
“Hay causas que van a 180 kilómetros por hora y otras o no van o están quietas. Voy a decir uno para no decir que es al voleo: (Rocco) Morabito. ¿Hace cuánto que se escapó por la puerta de la cárcel y todavía no sabemos nada? Yo no quiero que todas vayan lentas. Lo mejor, para que la gente tenga Justicia, es que vaya lo más rápido posible”, concluyó.
Rocco Morabito, un conocido narcotraficante italiano, se fugó en 2019 junto a otros tres delincuentes de la ex cárcel Central, y su paradero sigue siendo un misterio, lo cual ha generado críticas sobre la eficiencia y la celeridad de la Justicia uruguaya.
Amnistía Internacional (AI) se pronunció sobre el escándalo desatado por la filtración de conversaciones entre el expresidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y el senador Gustavo Penadés, manifestando su “preocupación por el debilitamiento del sistema de garantías del Estado uruguayo”.
La organización señaló “presuntas presiones del sistema político a la Fiscalía General de la Nación” e instó a que las investigaciones judiciales “se realicen en profundidad y de forma independiente”. Estas declaraciones surgen en medio de las críticas del presidente Luis Lacalle Pou y otros miembros del Partido Nacional.
AI subrayó que existen “diversas señales que muestran un debilitamiento que impacta de manera integral en el ejercicio de derechos civiles y políticos, así como también de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población del país, afectando el Estado de Derecho y sus instituciones”.
La ONG recordó que en sus informes anuales ya había expresado su “inquietud” ante lo que consideró “signos de debilitamiento del sistema de garantías de derechos, afectando directamente a la institucionalidad del país”.
“Este hecho no hace más que profundizar esta preocupación y nos insta a seguir alerta ante posibles vulneraciones de derechos humanos”, concluyó AI en un comunicado.
