Por responsabilidad política
Como es costumbre en nuestro país, el hasta ahora DAO de la Policía, José Ángel González, "Jota" en los ambientes, ya ha sido condenado política y mediáticamente por violación, pese a que ni tan siquiera habría tenido ocasión de declarar sobre los graves delitos que se le imputan.
Tan graves como casi imposible que puedan no ser como relata su víctima y denunciante, cuyo nombre no vamos a reproducir pese a que irresponsablemente ya corre por las redes. Parece difícil que no sea así, pero todo el mundo es inocente hasta que no se demuestra lo contrario, y eso en España solo ocurre tras una sentencia judicial.
Valga lo anterior para el caso de "Jota", pero también para Errejón, el alcalde de Móstoles o Julio Iglesias, entre tantos "agraciados" por las "penas de telediario", que no siempre coinciden con las condenas judiciales.
Lo cual no quiere decir que no haya en este caso concreto una responsabilidad política clara. No por el hecho en sí de la presunta agresión sexual, que sólo los tribunales pueden dirimir, sino porque la vinculación de Marlaska con su DAO ha sido tan estrecha, que aunque fuese verdad que no sabía nada (eso se verá), el caso le afecta por haber calificado reiteradamente a González como persona "impecable" e "indiscutible".
Tan es así, que llegó a servirse de la tragedia de la DANA valenciana para justificar que "Jota" siguiera en un cargo que debería haber abandonado hace ya más de un año, de acuerdo con la ley orgánica 9/2015 del Régimen de Personal de la Policía Nacional, que afecta a los todos los agentes del Cuerpo Nacional de Policía cuando llegan a la edad de 65 años. Marlaska nombró a González su DAO (Director Adjunto Operativo) nada más acceder al Ministerio del Interior en 2018, y le mantuvo en el puesto desde entonces.
De acuerdo con la ley, debería haberse jubilado forzosamente en noviembre de 2024, pero el ministro argumentó que, como consecuencia del despliegue realizado por la Policía con motivo de la DANA (calificado de "inoperante" por la oposición) "Jota" debía continuar con el fin de contribuir a las labores de "rescatar a supervivientes, garantizar la seguridad y restablecer la normalidad en las calles".
Argumento asumible durante un par de meses o tres, si no fuese porque lo que autorizaba el decreto es a "permanecer en la situación de servicio activo mientras ostente el cargo (de DAO)". Es decir, hasta que Marlaska quisiera.
Así ha sido. González era persona de la máxima cercanía al ministro y por eso le mantuvo, no por la DANA, tragedia que utilizó como excusa. Hombre discreto para todo tipo de encargos, políticos o no, afable y eficaz, según dicen quienes bien le conocen, no es eso lo que importa ahora.
Los sindicatos policiales calificaron en su día de "vergonzoso" el hecho de que el ministro otorgara una "jubilación premium" a su amigo, "el primer y único miembro del Cuerpo al que se permite disfrutar de este privilegio singular y exclusivo".
De manera que Marlaska sí tiene una responsabilidad política clara. No por las circunstancias personales o aficiones de su DAO, que igual no estaba obligado a conocer (o quizás sí). El problema es que, si no le importó nada estrujar la ley con una excusa inverosímil para favorecer a su hombre de confianza en la Policía, cuya "impecable" honorabilidad defendió en el Senado, debería ahora reconocer al menos que se equivocó, porque igual no era tan intachable su perfil ni tan merecedor de la "jubilación premium" a que aluden los sindicatos. A eso se le llama "responsabilidad política". Y obliga a quien la contrae a dimitir.