Un país empobrecido como España no necesita regularizaciones masivas
La falta de respeto de Sánchez hacia los ciudadanos y las instituciones se manifiesta claramente en dos eventos de esta semana: el infame decreto ómnibus y el anuncio de regularización masiva de inmigrantes ilegales para contentar a la ultraizquierda de Podemos.
El decreto ómnibus demuestra que al Gobierno no le importan ni los pensionistas ni los contribuyentes. Meter nuevas medidas que benefician a los okupas, aumentos de impuestos a autónomos y subidas de bases mínimas a todos los trabajadores junto con la subida de las pensiones demuestra su falta de respeto a los españoles.
La propaganda del Gobierno dice que la regularización masiva de inmigrantes es positiva para las cuentas públicas. Sin embargo, esa afirmación es ridícula, y solo tiene como objetivo justificar el intento de creación de una subclase dependiente.
Incentivar la inmigración ilegal no es solidaridad. El objetivo es dopar el PIB, crear una subclase dependiente y, a la larga, comprar votos. Estas regularizaciones masivas innecesarias desplazan a los que quieren venir a nuestro país de manera legal y le pasan el enorme coste y los problemas sociales a los demás. No es cierto que haya un aporte positivo a las cuentas públicas. Cuando se considera el coste y la contribución neta, incluyendo sanidad y educación, el efecto es claramente negativo.
Desde que Pedro Sánchez es presidente, los precios medidos por el IPC han subido un 24,8%, siendo el incremento del 41% en el caso de los alimentos y las bebidas. La vivienda, el agua o la energía se han encarecido más de un 20% desde que gobierna el PSOE y sus socios de ultraizquierda.
La política de no deflactar el IRPF ha incrementado significativamente la factura fiscal de los trabajadores. Para una renta de 30.000 euros, el impacto anual asciende a 800 euros. El golpe es especialmente severo en el caso de las familias y las rentas medias-bajas, de entre 18.000 y 25.000 euros. Los mínimos exentos son ahora entre un 25% y un 30% menores que hace dos décadas. El informe de Diego Sánchez de la Cruz y Santiago Calvo, “el impacto de la inflación sobre las familias españolas 2026” publicado por el Instituto Juan de Mariana es muy revelador.
Los precios han crecido 3,4 veces más con Sánchez que con Rajoy y la renta de los españoles se ha estancado en comparación con la mayoría de nuestros socios europeos. España, además, ocupa el primer puesto de la Unión Europea en el Índice de Miseria, que mide inflación y paro, y eso que se usan para el cálculo los datos oficiales de paro que esconden 900.000 desocupados apuntados al SEPE (fijos discontinuos inactivos). En 2018, Grecia lideraba el índice de miseria. Hoy, España ocupa ese triste liderazgo en la Unión Europea, superando con mucho a Italia, Portugal o Grecia.
Aunque los hogares han incrementado su tenencia de depósitos bancarios en unos 255.000 millones durante el mandato de Sánchez, la inflación acumulada bajo su gestión ha hecho que el valor total de estos productos se incremente mucho menos (apenas 45.000 millones). De hecho, el valor real de estos depósitos ha caído en 28.500 millones desde 2022.
En un país con 900.000 desocupados no contabilizados como parados y, con ello, un paro efectivo de más de 3,4 millones de personas, con salarios netos reales cayendo desde 2018 y un problema de absentismo y productividad intolerable, la regularización masiva de inmigrantes es simplemente innecesaria y además muy perjudicial.
La evidencia es clara. En Dinamarca, ejemplo de estado social para tantos, Hansen, en “The Impact of Immigrants on Public Finances: A Forecast Analysis for Denmark”, concluye que los inmigrantes procedentes de países ricos tienen impacto fiscal positivo, mientras que los de países pobres presentan un impacto fuertemente negativo. Estudios de Bodker también muestran aportaciones muy positivas de inmigrantes muy cualificados, y un gran problema fiscal concentrado en los de baja cualificación con baja participación laboral, que son los que regulariza Sánchez.
A escala europea se han publicado varios estudios que diferencian por cualificación o tipo de inmigrante.El Informe JRC “Projecting the net fiscal impact of immigration in the EU” señala que un inmigrante joven de baja cualificación genera un coste neto de unos 11.000 euros, mientras que uno cualificado puede suponer un beneficio neto. El informe de Boffi “The Net Fiscal Position of Migrants in Europe” recopila la literatura y resume que los inmigrantes de alta cualificación son típicamente contribuyentes netos, mientras que los de baja cualificación o refugiados son receptores netos.
No es solidaridad. La misma gente que usa palabras de solidaridad con la inmigración ilegal se calla ante la masacre de Irán y llama a los inmigrantes venezolanos “gusanera”. Es sectarismo.
¿Por qué promueven la regularización masiva de inmigrantes ilegales mientras quieren penalizar la entrada de ciudadanos de alta cualificación y elevada renta y patrimonio? Porque el objetivo no es solidaridad ni progreso, sino el control. Buscan crear una subclase dependiente del Estado que perpetúe el poder de los burócratas y asfixie más a los contribuyentes, pasando el coste social y económico a los demás. A nadie se le escapa, además, el interés a la hora de dopar el PIB en un país en el que se repite constantemente que el PIB crece más que la media, mientras el PIB per cápita, según el FMI, solo crecerá un 1,1% entre 2017 y 2026 y un 0,9%, lo mismo que la media de la eurozona, en 2026. Además, a largo plazo, es una manera de comprar votantes y perpetuar la “necesidad” de mayores presupuestos para “políticas sociales” que ellos administren.
Si la inmigración disparada fuera buena para las cuentas públicas, Francia sería hoy el país con la deuda y el déficit más bajos, y está al borde del colapso. Mientras Europa despierta ante el fracaso de la inmigración descontrolada, el Gobierno crea un nuevo efecto llamada.