Regularización sin mayoría: el PP pasa al ataque en el Senado
La regularización masiva de inmigrantes pactada entre el Gobierno y Podemos abre un nuevo frente en el Partido Popular, a pesar de que algunos sectores piden pasar de largo, porque podría irritar a votantes católicos y, sobre todo, porque equivale a hacerle el «caldo gordo» a Pedro Sánchez, que con esta medida –creen los populares– busca un triple objetivo: desviar la atención de los trenes, reconstruir su mayoría no progresista y, por último, inflar a Vox.
Aun así, el PP, como publicó hace unos días LA RAZÓN, ha decidido liderar el rechazo a la regularización para no dejar espacio a la formación de Santiago Abascal, con una ofensiva 360 en todos los frentes. A nivel político, el PP dio un primer paso en Bruselas, donde ha registrado un requerimiento a la Comisión Europea para que se pronuncie. Toda la dirigencia del partido asegura que el decreto aprobado por el Gobierno –del que todavía no se conocen los detalles– contraviene la normativa comunitaria, más restrictiva con la inmigración ilegal de un tiempo a esta parte.
De hecho, Feijóo ha decidido introducir la regularización de Sánchez en el orden del día de la cumbre del PP europeo que se celebra este fin de semana en Zagreb. En el equipo del presidente popular se muestran convencidos de que Bruselas tomará cartas en el asunto.
Entretanto, los populares también mueven ficha en España. Lo hacen a través de su fortín: el Senado, que controlan con mayoría absoluta. Según ha podido saber en exclusiva este diario, el grupo que comanda Alicia García ha decidido registrar una moción para su debate y votación en el Pleno de la Cámara el próximo miércoles. El objetivo final es escenificar que el Gobierno pretende llevar a cabo una medida de espaldas a la mayoría social del país, reflejada en la representación parlamentaria.
Si Junts, como cabe prever, vota en contra de la medida, el PP se cargará razones no solo para justificar la oposición a la misma, sino también para su estrategia judicial, que ya está en marcha. Lo avanzó Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en Antena 3: «Nosotros vamos a estudiar el decreto y, por supuesto, lo vamos a estudiar desde el punto de vista jurídico. Nosotros recurrimos cuando vemos posibilidad de se admita a trámite. Somos bastante fiables en el ámbito jurídico».
La exposición de motivos de la moción que el PP ha registrado en el Senado pone el énfasis, sobre todo, en la intención del Gobierno de aprobar la regularización de espaldas al legislativo: «Eludiendo deliberadamente el debate parlamentario y el necesario control de las Cortes Generales, pese a tratarse de una decisión de enorme impacto social, económico, jurídico y territorial».
No obstante, también menciona otros puntos negros en la medida: «Se pretende realizar sin memoria económica, sin planificación de impacto en servicios públicos y sin refuerzo previo de fronteras ni de los sistemas de retorno, cuando España apenas ejecuta el 17% de las órdenes de expulsión dictadas. Es decir, se regulariza sin controlar entradas y sin hacer cumplir las salidas».
La moción, pues, recoge el sentir general del PP: «Consideramos que esta actuación supone una quiebra del principio de legalidad y de la cultura del esfuerzo, un agravio comparativo para quienes han respetado las normas de entrada y permanencia en España y una amenaza a la coherencia del sistema europeo de migración y asilo. Además, constituye un incentivo directo a las redes mafiosas de tráfico de personas que se lucran del llamado ‘efecto llamada’, al trasladar la expectativa real de regularización legal con independencia de cómo se haya accedido al país».
Por ello, el grupo popular emplaza al resto de grupos de la Cámara Alta a unir sus votos para manifestar: «Su rechazo expreso al acuerdo presentado por el Gobierno para la regularización masiva de personas extranjeras en situación irregular, por considerarlo un instrumento arbitrario que sustituye el debate parlamentario, una medida sin respaldo técnico, presupuestario ni territorial y un incentivo estructural a las vías de inmigración ilegal y a las mafias que se lucran del tráfico de seres humanos». Un primer paso, que no será el único, contra una medida que el PP intentará, por todas las vías posibles, que no se lleve a cabo.