Ofensiva 360 del PP para que Vox no le adelante con la inmigración
Hace unos días, en Galicia, la tierra del patrón, Cayetana Álvarez de Toledo fue decidida a «politizar» el foro de debate de Sargadelos. Como si politizar no fuera exactamente a lo que se deben dedicar los políticos. Claro que, matizó, de un tiempo a esta parte se interpreta el término como sinónimo de «embarrar» la vida pública.
Protagonizó la portavoz popular una conferencia en la que se subió a los trenes averiados de Óscar Puente para hacer un viaje por la geografía política de nuestro país. Y desgranó los planes que, según ella, Pedro Sánchez tiene en mente. En tres pasos: «intentar deslegitimar del todo al Tribunal Supremo, inflar a Vox todo lo que pueda y convertir su crisis de corrupción personal y familiar, de partido, en una crisis institucional».
Explicó que toda vez que Sánchez no es capaz de recuperarse «por adhesión», trata de hacerlo «por odio» de su parroquia a una mitad de españoles. De ahí la necesidad de engordar a Vox. «A Sánchez le encantaría ser el jefe de campaña de Abascal, quiere el voto a Vox para frenar al PP».
Ahora, con la regularización masiva pactada entre el Gobierno y Podemos, resuenan sus palabras en la cúpula popular como una profecía autocumplida. Piensa el equipo de Alberto Núñez Feijóo que la medida social no sólo obedece a una «cortina de humo» para desviar la atención de la tragedia ferroviaria en Adamuz y el caos en Rodalies, torpedos en la línea de flotación del Ministerio de Transportes; sino que persigue también agitar la discusión pública para impulsar a Vox en plena maratón autonómica.
A estas alturas, de todos es sabido que la inmigración ilegal impulsa, y de qué manera, a las formaciones populistas. El fenómeno no es patrio. Así ha ocurrido en buena parte de occidente. «Y Pedro Sánchez quiere ser el Mélenchon hispano», opina un destacado dirigente popular.
Desde que trascendió el acuerdo, todo el PP, empezando por su líder, ha salido en tromba a criticarlo con los argumentos más pesados. A pesar de la contradicción. Porque hace poco más de un año apoyó tramitar una ILP en el Congreso de los Diputados que, en última instancia, pretendía algo parecido: legalizar la situación de medio millón de inmigrantes que residen y trabajan en España. Cierto es que la propuesta aquella nada tiene que ver con el decreto, en tanto en cuanto a que se hacía por unos cauces parlamentarios que obligaban al consenso.
Pero es que ahora el PP ha endurecido el tono hasta alertar de un «efecto llamada» y de un «colapso» de los servicios públicos básicos. Una pretendida escenificación para capitalizar todo el rechazo a la medida y así cortar el paso a Vox.
De ahí la ofensiva 360 que anuncia el partido. En los tribunales, como avanzó LA RAZÓN, en las instituciones europeas, y en las redes sociales, donde ayer colgaba un vídeo la número tres, Alma Ezcurra. «Europa entera está ordenando su política migratoria (...). ¿Y qué está haciendo Pedro Sánchez? Está convirtiendo España en el coladero de Europa sólo para salvar al soldado Puente».
El PP pone el énfasis en la forma. Ayer, Feijóo denunció que el Gobierno plantea la regularización de espaldas al legislativo porque va «contra la mayoría» del Congreso. Argumento para un recurso judicial. Vox ha presentado querella en el Supremo. En Génova optan por el pragmatismo para no dar pasos en falso.
Sobre el fondo, también entró el presidente popular. Sin reservas. Habló de «una alfombra roja» que convierte «la ilegalidad en una forma de residir» en nuestro país. «El Gobierno no puede regalar la residencia legal a cualquier persona». Como alternativa, planteó un proceso selectivo: persona a persona.