La cautelar concedida por el CSD al FC Barcelona para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor sigue generando un intenso debate. Tanto es así que el asunto que mantiene en pie de guerra al fútbol español ya ha llegado al Congreso y al Senado, donde el PP exigirá por escrito al Gobierno todo tipo de explicaciones sobre este espinoso y controvertido asunto.
Nada conocerse la decisión del CSD, Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, criticó abiertamente la medida, vinculándola con un supuesto “trato de favor” hacia el club catalán. Sémper ha llegado a utilizar el término “amnistía” para describir la medida, una elección de palabras que no es casual en el contexto político actual, donde la amnistía tiene connotaciones sensibles y controvertidas. Su argumento apunta a que un club de menor tamaño difícilmente habría recibido un trato semejante, lo que abre el debate sobre la igualdad de condiciones en la aplicación de las normativas financieras. "Esta decisión del gobierno, contra la norma y contra el criterio de la Federación y La Liga, es un trato de favor a un club y adultera la competición. Dudo mucho que esta amnistía se hubiera concedido a un club más pequeño", escribió en redes sociales.
Pero ahora, el PP ha dado un paso más y ha registrado una extensa batería de preguntas para que el Ejecutivo conteste por escrito.
En el escrito califican la medida de "decisión gubernamental sin precedentes" y denuncian que se ha llevado a cabo con la sola base legal del artículo 27 de la Ley del Deporte sobre la carrera profesional de los deportistas, fundamentos no apreciados por los dos órganos jurisdiccionales que denegaron con antelación tales medidas cautelares en el mismo caso.
Asimismo, para fundamentar sus sospechas de algún tipo de injerencia política, recuerdan que el pronunciamiento del CSD "se produjo solo horas después de que la Ministra Alegría declarara públicamente que el estudio de los 52 folios y 60 documentos de la pieza sería “un trabajo tedioso” y que la RFEF y LaLiga podrían formular alegaciones antes de la resolución de la medida cautelar, después de que una emisora de radio hubiera publicado la información filtrada de la resolución tal y como se produjo finalmente, indicando que esta decisión de carácter político podría haber estado ya decidida".
1.- ¿Tiene constancia el Gobierno del acuerdo de la Comisión de Control Económico de La Liga y los parámetros por los que se consideró que el F.C. Barcelona incumplía los requisitos presupuestarios del llamado “fair play”? ¿Tiene constancia el Gobierno del acuerdo de la RFEF de retirada de la licencia federativa a los jugadores Dan Olmo y Pau Víctor como consecuencia del acuerdo de la Comisión de Control Económico de la Liga de incumplimiento del “fair play” por parte de dicho club?
2.- ¿Conocía la Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes el sentido de la resolución del CSD antes de que este se pronunciara? ¿Está el Gobierno en condiciones de asegurar que la suspensión de la eficacia de un acto adoptado por los titulares de potestades administrativas delegadas se ha basado en criterios estrictamente jurídicos? ¿Se han producido conversaciones formales o informales de miembros del Gobierno o de alguno de los partidos en él representados con miembros de cualquier otro partido del arco parlamentario sobre el asunto? ¿Qué diálogo se ha mantenido con LaLiga y la RFEF respecto a la concesión de esta medida cautelar? ¿Existen mecanismos de consulta entre el CSD, LaLiga y la RFEF para supuestos similares y, en tal caso, se activaron para este supuesto?
3.- ¿Consideran el Gobierno y el CSD que el sistema de control económico de LaLiga queda de facto desactivado con esta decisión? ¿Qué impedirá a partir de ahora, a juicio del Gobierno y del CSD, que cualquier club incorpore a jugadores rompiendo las normas que todos los clubes se han autoimpuesto para después hallar amparo, siquiera de forma cautelar, en base a la protección de sus intereses económicos y de la carrera deportiva de los jugadores? ¿Garantizan el Gobierno y el CSD que en situaciones análogas se pronunciarán de forma igualmente taxativa y en el mismo sentido? ¿Existe un plan para revisar y mejorar los procedimientos y competencias de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga?
4.- En caso de que, en el asunto de fondo, se dé la razón a la RFEF y a La Liga, ¿Cómo pretenden el Gobierno y el CSD reparar a los clubes que sí han cumplido las normas, que habrán resultado perjudicados de gravedad, económica y deportivamente, por esta decisión cautelar? ¿Se valoró, en todo caso, ese posible perjuicio para otros clubes y jugadores en la competición?
5.- ¿Qué motivos jurídicos de peso que no hayan considerado y subsiguientemente descartado la RFEF, la Comisión de Control Económico de La Liga y los tribunales que se han pronunciado anteriormente sobre este asunto ha ponderado el CSD para justificar el sentido de su decisión y sobreponer su criterio al de estos órganos federativos y jurisdiccionales? ¿Tiene el Gobierno alguna duda de que la RFEF actúa conforme a derecho al dar de baja la licencia de un jugador? ¿Tiene el Gobierno alguna duda de que LaLiga ejerce su potestad administrativa delegada de control económico conforme a derecho?
6.- Habida cuenta de la existencia de precedentes de resoluciones del CSD en sentido contrario a la que nos ocupa (previas a la actual Ley del Deporte, como el caso de la resolución del Presidente del CSD de 30 de octubre de 2014 sobre el futbolista Pedro León Sánchez Gil), y de casos en los que los clubes que no cumplían los requisitos del control económico de LaLiga tuvieron que asumir el consiguiente perjuicio (casos de Okazaki con el Málaga CF o Kike García con la SD Eibar) ¿En qué aspectos factuales considera el Gobierno y el CSD que este caso es sustancialmente diferente a los anteriores? ¿Existe algún precedente en el que el CSD haya concedido una medida cautelar similar a favor de otro club o jugadores en situaciones comparables?
7.- Existiendo la sensación generalizada de que en el fútbol español, ante hechos de extraordinaria gravedad, “nunca pasa nada”, ¿Qué medidas van a tomar el Gobierno y/o el CSD para restaurar la credibilidad y la limpieza del fútbol en España, ya de por sí heridas de muerte tras los escándalos sin sanciones federativas ni gubernamentales por el caso Negreira (en el que un club tuvo en nómina a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y que prescribió a nivel federativo gracias a una reforma normativa express), o el caso Supercopa (en el que el capitán -entonces en activo- de uno de los equipos participantes hizo negocio con el ya ex-presidente de la RFEF), entre otros?
8.- ¿Se publicará de manera íntegra toda la documentación relacionada con esta decisión para asegurar la transparencia del proceso?
