El ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero ha optado por la cautela y esperará a conocer la subida concreta del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 para decidir la base mínima de exención, que marca si se tributa o no en el Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF). Así lo han confirmado a LA RAZÓN fuentes ministeriales, que aseguraron que "ni siquiera se sabe cuánto va a subir el SMI, por tanto hay que esperar para saber cómo queda el IRPF" antes de tomar una decisión.
Otras fuentes también han explicado que esta decisión es "casi automática y recurrente" cada vez que se sube el SMI, por lo que "la actualización está casi garantizada, ya que prácticamente siempre se ha aprobado". Hacienda actualizó el pasado ejercicio el mínimo exento del IRPF desde los 15.000 euros hasta los 15.876 euros anuales, con el objetivo de actualizarlo a la subida del último SMI. Para ello, modificó el reglamento del IRPF para que estos contribuyentes no soportasen la retención en el impuesto.
El Ministerio desmiente así en parte las informaciones publicadas en varios medios en los que se aseguraba que Hacienda había ya decidido descartar la adaptación del IRPF a la subida del SMI, lo que obligaría a tributar a sus beneficiarios.
La comisión asesora de expertos convocada por el Ministerio de Trabajo ha aconsejado al Gobierno un alza de entre el 3,4% o del 4,4% para 2025, en función de dos métodos diferentes de cálculo, que supondría elevar el SMI en 39 o en 50 euros brutos mensuales, correspondientes a 1.173 euros o a 1.184 euros brutos mensuales. Al igual que la decisión de marcar el mínimo exento, será el Gobierno de coalición el que apruebe la subida del SMI por real decreto, al ser una prerrogativa propia que no requiere un acuerdo de todas las partes del diálogo social, ni requiere de la convalidación del Congreso.
Habrá que esperar a que se reúna la mesa de diálogo social y que tanto Trabajo como Economía se pongan de acuerdo en sus posturas, ya que Díaz pretende ser mucho más ambiciosa que Cuerpo en la cifra final. La ministra de Trabajo ya ha dicho que se inclina por apoyar los incrementos propuestos por los sindicatos, CC OO y UGT, que pretenden que se eleve entre un 5% y un 6%. Cuerpo vuelve a ser más cauto, y con los cuchillos resonando todavía por el enfrentamiento a cuenta de la reducción de jornada, asegura que el compromiso del Gobierno se centra en que la subida «acompañe al resto de la economía y a la evolución del salario», de manera que se mantenga en el 60% del salario medio.
Hasta el momento, CEOE y Cepyme solo han firmado el incremento de 2020, cuando aumentó desde los 900 a los 950 euros mensuales. A partir de ahí, Díaz solo ha acordado subidas con CCOO y UGT: en 2024 lo hizo un 5%, desde los 1.080 euros mensuales por catorce pagas hasta los 1.134 euros; en 2023 subió el 8%; y tampoco refrendó las de 2022 y 2021. En los últimos siete años, el SMI ha experimentado un aumento del 54%, pasando de los 736 euros en 2018 a los 1.134 actuales.
