Para sorpresa de muchos, el Consejo Superior de Deportes (CSD) estimaba el pasado miércoles la medida cautelar urgente solicitada por el FC Barcelona y por los jugadores culés Dani Olmo y Pau Víctor, una medida de "carácter provisional hasta que se resuelva definitivamente el recurso de alzada presentado por el club y los citados futbolistas".
Así lo indicó el propio CSD en una nota de prensa, al respecto de su decisión que "suspende el Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga, de fecha 4 de enero de 2025, y la cancelación de las licencias deportivas de los referidos jugadores".
A partir de aquí, las criticas no se hicieron esperar aunque en las primeras horas el silencio de los clubes fue realmente llamativo.
Tuvo que ser el fútbol modesto el que se atreviera a alzar la voz ante un asunto que parece más político que deportivo. El Colonia Moscardó, equipo militante en Segunda RFEF y afincado en el distrito madrileño de Carabanchel, fue el encargado en abrir la veda y mostrar su indignación a través de un comunicado oficial.
Un camino que ayer siguieron otros equipos como Las Palmas, El Valladolid o el Atlético de Madrid y al que hoy se ha sumado el Espanyol.
Lo ha hecho con un duro comunicado en el que asegura que se "ha creado un precedente muy peligroso y supone una amenaza a la integridad de la competición" y advierte que desde el club "se insta a revisar esta resolución que genera incertidumbre y amenaza los principios de igualdad y justicia de la competición".
"El RCD Espanyol quiere transmitir su inquietud y preocupación por la situación que se ha generado en el fútbol español tras la resolución adoptada y hecha pública por el Consejo Superior de Deportes, en los casos de los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor del FC Barcelona.
La decisión de conceder una medida cautelar urgente, de carácter provisional hasta que se resuelva definitivamente el recurso presentado, ha creado un precedente muy peligroso y supone una amenaza a la integridad de la competición, tal y como han denunciado en diferentes declaraciones y comunicados otros clubs, así como la RFEF y LaLiga.
El RCD Espanyol, que mantiene el compromiso absoluto con la competición, ha cumplido la reglamentación sobre el control económico de forma estricta y seguirá haciéndolo, pese a las tensiones, limitaciones y dificultades que estas normas económicas le generan.
Tal y como se ha manifestado en diferentes foros, entendemos que el riguroso control económico aplicado durante los últimos años ha permitido asegurar la sostenibilidad de muchos clubs. La propia Ley del Deporte recoge y protege este control económico de LaLiga y, sin embargo, con esta resolución se pone en riesgo la norma aprobada y aceptada por todos los clubs profesionales.
Los principales actores del fútbol de este país: LALIGA y la RFEF han mantenido una postura común y firme desde las respectivas competencias en todo el proceso. Sin embargo, el CSD dejó en evidencia y desautorizó a ambas instituciones con su decisión. Desde el RCD Espanyol se insta a revisar esta resolución que genera incertidumbre y amenaza los principios de igualdad y justicia de la competición".
