La reforma legal que propugna el PSOE para la protección de los derechos fundamentales frente al "acoso derivado de acciones judiciales abusivas" acarrearía el archivo de las investigaciones a Begoña Gómez y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y es que la proposición de ley -que excluye a las acusaciones populares de la fase de instrucción, limitando su papel a la presentación de la querella y a la fase de juicio oral- prevé expresamente que los cambios legales se apliquen también a los procedimientos judiciales en marcha. Si así fuera, y dado que en ambas causas la Fiscalía no ve indicios de delito, el instructor estaría obligado a acordar el archivo si lo pidiera el Ministerio Público, aunque eso sí, las acusaciones populares podrían al menos recurrir el sobreseimiento.
"Cuando no se formule acusación por el Ministerio Fiscal o por la acusación particular -señala la proposición registrada por el PSOE- el proceso penal será archivado, no pudiendo continuar el mismo sólo con la acusación formulada por la acusación popular salvo por delitos en los que concurra un interés exclusivamente público".
Respecto a su aplicación, la proposición es clara al respecto. Su disposición transitoria única señala que "las modificaciones realizadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial serán de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica, así como a los que comiencen con posterioridad a dicho momento".
En la investigación a la esposa de Pedro Sánchez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida -que se judicializó tras una denuncia de Manos Limpias- además del colectivo de funcionarios ejercen la acusación popular Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento para la Regeneración Política de España. Si la reforma entra en vigor, Vox e Iustitia Europa no podrían ejercer la acusación, pues la proposición de ley excluye a los partidos políticos del ejercicio de la acción popular. Pero, sobre todo, al dejar a todos ellos al margen de la instrucción que dirige el juez Juan Carlos Peinado, la decisión sobre un posible archivo quedaría en manos de la Fiscalía, que desde el primer momento ha cerrado filas con Begoña Gómez por lo que una vez entre en vigor, en su caso, la reforma no tardaría en solicitar el sobreseimiento, que Peinado estaría obligado a acordar ante la ausencia de más acusaciones (a la acción popular, como se ha apuntado, solo le quedaría recurrir el sobreseimiento).
Algo parecido sucedería en la investigación del Tribunal Supremo (TS) por revelación de secretos al fiscal general del Estado, una causa en la que la teniente fiscal del alto tribunal, Ángeles Sánchez Conde, "número dos" de García Ortiz, se ha alineado con su superior jerárquico al no apreciar indicios delictivos contra él por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador. En este caso, ejercen la acusación popular Manos Limpias, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y Foro Libertad y Alternativa, pero una vez apartados de la instrucción, la decisión de dar carpetazo a la investigación quedaría en manos de la Fiscalía.
Algo parecido podría suceder también con otra de las investigaciones al entorno del presidente del Gobierno, la que mantiene abierta la jueza Beatriz Biedma a David Sánchez -con la creación de su puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz en el punto de mira-, pues aunque la Fiscalía ha respaldado el avance de la instrucción recientemente se opuso a la citación como investigado del hermano de Pedro Sánchez, que finalmente compareció ayer mismo ante la instructora.
Para justificar los cambios legales que diluyen el ejercicio de la acción popular, el PSOE hace referencia en la exposición de motivos de la proposición al "uso abusivo" de la misma, que según se queja "emplean determinados colectivos no con el fin de aclarar posibles hechos delictivos, sino para atacar sistemáticamente a sectores sociales no afines y a adversarios políticos, a través de procesos penales en los que de manera constante se vulneran sus derechos al honor y a la tutela judicial efectiva y se producen filtraciones del contenido de la instrucción".
"La actual sociedad de la información, donde las noticias o juicios de valor periodísticos son de fácil difusión a través de canales digitales y redes de comunicación, genera un flujo de avisos, reportajes, testimonios, sucesos y revelaciones que no siempre están contrastados o que obedecen a móviles espurios", argumenta. En estos supuestos, añade, la incoación de un proceso penal "sin una mínima base probatoria o indiciaria puede ocasionar un daño reputacional de difícil reparación a la persona o personas afectadas lo que hace necesario regular la actividad investigadora de los órganos judiciales en estos supuestos".
Con ese objetivo, aborda "limitaciones a su intervención en la fase de instrucción, excluyéndose así la participación plena de la acusación popular durante la mencionada fase procesal". Los cambios legales inciden en que la acusación popular pueda personarse "en cualquier momento" antes del trámite de presentación del escrito de acusación, "si bien solo podrá intervenir de manera plena en el proceso una vez concluida la instrucción y solo para el caso de que el juez considere que los hechos son indiciariamente delictivos". No obstante, precisa, "tendrá siempre el derecho a recurrir el sobreseimiento libre dictado por el juez instructor".
Y explica los motivos para este cambio de rumbo: "Esta figura fue concebida para operar como contrapeso al Ministerio Fiscal, por lo que su plena intervención en esta fase no está justificada, al gozar el juez de instrucción de amplias facultades para investigar". Marginando a la acción popular, explica, "se logra preservar el carácter secreto o reservado de la fase de instrucción, permitiendo que únicamente tengan conocimiento de la misma los sujetos directamente concernidos: el Ministerio Fiscal, el ofendido y perjudicado por el delito y la persona investigada".
Además de impedir al instructor admitir a trámite una querella basada en recortes de prensa (para lo que invoca jurisprudencia del Supremo), el PSOE pretende que quienes quieran ejercitar la acción popular acrediten "un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente".
Y para combatir las filtraciones, expone, la acción popular "no tendrá acceso al procedimiento judicial ni se le permitirá desarrollar actuación alguna durante la fase de instrucción".
