El Comité de Expertos constituido por el Ministerio de Trabajo ya ha concluido su informe sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025 y, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes cercanas a este grupo, estará entre una horquilla entre el 3,4% y el 4,4%, lo que supondría un aumento de entre 38 y 50 euros con respecto a los 1.134 euros por 14 pagas en los que está situado en la actualidad, lo que significaría un mínimo de 1.172,5 euros mensuales y un máximo de 1.184 euros.
Con el veredicto de los expertos sobre la mesa, el Ministerio de Trabajo convocará de inmediato a patronal y sindicatos para abordar la subida definitiva, aunque la negociación se presume complicada. Las cifras de los expertos se quedan muy lejos de las reivindicaciones sindicales y tampoco convencen a la patronal.
Fuentes empresariales apuntan hacia una nueva negativa. Recuerdan que el salario mínimo ha aumentado un 54% en los últimos siete años y «evidentemente, los resultados de las empresas –sobre todo las pymes– no han crecido en la misma proporción». Tampoco lo han hecho los contratos públicos, que mantienen congeladas sus tarifas desde hace casi una década y que el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a indexar con la subida del SMI o con la del IPC.
Además, otras circunstancias impiden un posible acuerdo que pueda ser rubricado por las patronales CEOE y Cepyme: «No se tiene en cuenta la brecha que se ha generado entre sectores y comunidades autónomas; no se respeta ni la subida del IPC, lo suben por encima sin ningún criterio lógico; se daña a las pymes y a los autónomos, porque los trabajadores del SMI no están en las grandes empresas ni en las medianas ni en el Ibex, por lo que se ataca a la parte del tejido empresarial más vulnerable y la que más está sufriendo; se impone una subida atemporal sin tener en cuenta la situación empresarial; y ni siquiera se respeta el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que lo determina con claridad», insisten.
Desde Cepyme alertan también de que una nueva subida «incrementaría el SMI en varias regiones por encima del 60% del salario medio, provocaría que en las pequeñas empresas alcanzara el 70% y que en algunos territorios superara el 80% del medio provincial».
Pero los sindicatos tienen otra visión. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, dejó claro esta semana que su sindicato planteará en la mesa de diálogo social una subida para 2025 de entre el 5% y el 6%, y que su línea roja de negociación se situaría por encima del 4%, mientras que el secretario general de CC OO, Unai Sordo, opta por una subida que «iguale a la de los salarios medios» y siempre «por encima del IPC».
Más cauto volvió a mostrarse el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que mantiene una guerra sin cuartel con Yolanda Díaz a cuenta de la reducción de jornada y que amplía su reto al SMI, tras asegurar que el compromiso del Gobierno se centra en que la subida «acompañe al resto de la economía y a la evolución del salario», de manera que se mantenga en el 60% del salario medio.
El acuerdo entre los expertos se alcanzó el miércoles a última hora, ciñéndose a los parámetros que establece la Carta Social Europea, que marca que se debería aplicar una renta mínima que no pierda poder adquisitivo y no sea inferior al 60% del salario medio.
Hasta el momento, CEOE y Cepyme solo han firmado el incremento de 2020, cuando aumentó desde los 900 a los 950 euros mensuales. A partir de ahí, el Ministerio de Trabajo solo ha acordado subidas con CC OO y UGT: en 2024 lo hizo un 5%, desde los 1.080 euros mensuales hasta los 1.134 euros; en 2023 subió el 8%; y tampoco refrendó las de 2022 y 2021. En los últimos siete años, el SMI ha experimentado un aumento del 54%, pasando de los 736 euros en 2018 a los 1.134 actuales.
