La trama de los hidrocarburos, que aún investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, podría haber hecho uso de sociedades pantallas en Panamá para ocultar sus beneficios, según adelantan fuentes del caso a LA RAZÓN. El entramado contaría con sociedades al portador para dificultar su rastreo ya que estas empresas no tienen administradores con nombres y apellidos como sucede en nuestro país.
El titular del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz mantiene el secreto de sumario de este caso por el que ya no hay ningún investigado en prisión provisional ya que el último en abandonar la cárcel fue Claudio Rivas. En el marco de estas diligencias Víctor de Aldama, el empresario salpicado por el caso Koldo, fue detenido pero quedó en libertad meses después tras ponerse a disposición de colaborar con la Justicia.
Las investigaciones de la Guardia Civil conducen, una vez más, a países con un rigor fiscal menos exhaustivo como Panamá y la República Dominicana. Fuentes del caso señalan a LA RAZÓN que hay sociedades del entramado de Rivas en estos puntos. Su rastreo será complicado ya que las inversiones estarían vinculadas a sociedades al portador.
Este mecanismo, que no está permitido en España, propicia que las empresas no tengan que justificar quién está detrás de las sociedades. No son acciones nominales y por ello no llevan nombres ni apellidos. Las transferencias de las mismas se pueden realizar sin muchas complicaciones y no hay un registro de los dueños. En la contabilidad solo aparece reflejado el número de acciones que fueron emitidas y sus numeraciones.
El objetivo de "emigrar" a Panamá es claro: ocultar los beneficios que se obtuvieron con la trama de los hidrocarburos y no dejar rastro. Esta acción complicaría la actuación de los agentes de la UCO. El análisis de los dispositivos incautados en los últimos registros será clave para el devenir de las diligencias.
Las últimas personas detenidas expresaron a los investigadores su "máxima colaboración" en las pesquisas que se están desarrollando. Una de ellas facilitó además a los agentes información que podría ser clave y también varios terminales donde habría datos para el avance de la investigación.
Las fuentes consultadas resaltan el papel fundamental en la trama de otros dos nombres: Luis Alberto Escolano y Francisco Javier Cillán Contreras. Los dos fueron detenidos por su presunta participación en la red pero quedaron en libertad. El primero de ellos es de sobra conocido por los agentes ya que también está salpicado por el caso Koldo.
Escolano está considerado por los agentes como el testaferro de Víctor Aldama, según los informes de la investigación. Este hombre habría pagado parte del alquiler del piso de Jéssica, la novia de José Luis Ábalos, ubicado en la Plaza de España de Madrid y que tendría un importe cercano a los 2.700 euros al mes. Días antes de su arresto mantuvo una fuerte discusión con el empresario según estas mismas fuentes.
El papel de Cillán Contreras también resulta fundamental aunque, por el momento, su nombres es uno de los grandes desconocidos de la trama. Este sujeto sería el contable de Villafuel S.L. que aparece en el epicentro del fraude de los hidrocarburos. En el volcado de sus dispositivos incautados también se podrían encontrar las diferentes capas de empresas que se crearon para desviar el dinero de la red.
Las diligencias que se han practicado hasta el momento sitúan a Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, como uno de los presuntos cabecillas de "la trama del fuel". El empresario quedó en libertad a mediados de diciembre pero denunció ante la Audiencia Nacional que el secreto de sumario le está causando "indefensión".
No es el único que ha alzado esta reclamación. Los investigados quieren conocer el contenido de la causa aunque hay varias diligencias pendientes que provocan que Santiago Pedraz no haya tomado esta decisión. La primera de ellas es el volcado del dispositivo móvil de Aldama. También faltan por analizar los terminales de los últimos detenidos en el marco de las actuaciones de esta causa. Otro de los factores claves por determinar es el material informático que tienen en su poder ahora los agentes de la Guardia Civil.
Y es que en los últimos registros, que se llevaron a cabo en Zaragoza, Madrid y Sevilla, los funcionarios requisaron memorias externas con documentación relativa a la causa. El análisis de los mismos contendría el organigrama de la trama y conocer su funcionamiento.
A pesar de ello, Rivas, que es el dueño de la empresa Villafuel, reprochó al instructor que no justifique los motivos que le llevan a prorrogar el secreto de la causa. A su juicio, carece de sentido que acordara su ingreso en prisión y, en paralelo, mantuviera bajo secreto las actuaciones, puesto que si se acordó esta medida para evitar que destruyeran pruebas, lo correcto sería que les dieran acceso al sumario, aunque fuera de manera parcial.
El recurso de este empresario tuvo el respaldo de su hermana María Luisa Rivas y de Javier Cillán. Sus defensas proponen que puedan acceder de forma parcial a las actuaciones. Los primeros indicios apuntaban que se podría haber defraudado a Hacienda 182 millones de euros aunque las diligencias apuntan que esta cantidad podría ascender de forma notable.
