Junts no tiene intención de darle tregua al Gobierno ni en enero, que es un mes inhábil a efectos parlamentarios tanto en el Congreso como en el Senado. De hecho, los posconvergentes quieren que la reunión de la Mesa del Congreso, del próximo día 16, admita a trámite la iniciativa para forzar a Pedro Sánchez a presentar una cuestión de confianza. Si el PSOE y Sumar rechazan esta admisión a trámite de la propuesta, las relaciones de Junts con el Gobierno entrarán en «un punto de no retorno». De hecho, el partido de Carles Puigdemont tiene previsto convocar una reunión de la cúpula tan solo 24 horas después (viernes) para valorar escenarios y dar una respuesta a los incumplimientos del Gobierno.
Para Junts, la cuestión de confianza es estratégica porque permite incrementar la presión sobre el Gobierno. Si la Mesa del Congreso, que es el órgano parlamentario que debe admitir la iniciativa a trámite, da el plácet el jueves que viene, el debate y votación se celebrarían en una sesión plenaria a finales de febrero. Eso daría a Junts mucha fuerza negociadora para el próximo mes, que debería ser clave para los Presupuestos, pero, sobre todo, que será determinante para que el Gobierno cumpla con compromisos contraídos en el acuerdo de investidura y a lo largo de la investidura, que van desde la financiación singular para Cataluña al traspaso de las competencias en inmigración, pasando por la ampliación de la participación directa de la Generalitat en las instituciones europeas. En estos momentos, los dos temas prioritarios son la cesión íntegra de las competencias en inmigración y que se haga efectivo el uso del catalán en las instituciones europeas.
El partido de Puigdemont tiene pocos incentivos para apoyar al Gobierno del PSOE por diversas razones, pero cabe destacar dos: por un lado, las evidentes diferencias ideológicas, que han llevado a Junts a derogar, entre otras cosas, el impuesto a las energéticas que Sánchez diseñó en 2022; y, por otro lado, la competencia electoral con Salvador Illa, ya que un Gobierno del PSOE refuerza al PSC en la Generalitat.
La citada reunión de la Mesa del Congreso está convocada para el jueves que viene y, tal y como explican fuentes consultadas por LA RAZÓN, tendrá «una tramitación regular, aunque enero no esté dentro del periodo de sesiones». Eso significa que cabe la opción de que se aborde la cuestión de confianza, aunque, según las mismas fuentes, todavía no se ha elaborado el orden del día y el PSOE apurará los tiempos para buscar una salida. De hecho, en una decisión sin precedentes, la reunión del 18 de diciembre de la Mesa del Congreso evitó pronunciarse sobre la admisión a trámite. El informe de los letrados abría la posibilidad tanto de rechazarla como de aceptarla, y esa ambigüedad permitió al PSOE y a Sumar dar una patada adelante al balón.
Además de la presión de Junts, también se hará valer el PP, que ya criticó duramente que el PSOE y Sumar evitaran cumplir con su obligación de pronunciarse.
Más allá de la reunión de la Mesa, también se ha convocado un Pleno para el 22 de enero, en el que se debatirán y votarán los tres decretos que el Gobierno aprobó el 23 de diciembre y que requieren de la convalidación de la Cámara Baja.
Entre esos decretos está el del impuesto a las energéticas, que caerá porque Junts y PNV votarán en contra. Asimismo, está por ver qué pasa con los decretos de prórroga de medidas económicas contra la inflación y de mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación mientras se prolonga la vida laboral. Aquí también Junts volverá a hacerse notar con la demanda de resultados en los compromisos firmados. No van de farol, y en La Moncloa, aunque lo disimulen, lo saben.
