Las principales organizaciones ecologistas de España -Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, Amigas de la Tierra y SEO/BirdLife- han pedido medidas contra "la crisis ecológica y social" en una reunión celebrada este jueves con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
En concreto, las propuestas han girado en torno a tres ejes: conservar la naturaleza, adaptarse frente a la emergencia climática y "salvaguardar el territorio y asegurar una vida sana y una economía circular", informa Ep.
En primer lugar, las ONG han incidido en la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para cumplir con el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, y especialmente las 23 metas orientadas a detener la pérdida de biodiversidad en 2030. Por ello, han reclamado frenar la fragmentación de hábitats y consolidar una red coherente de zonas naturales; incrementar la protección de los ecosistemas marinos y costeros; y avanzar en las disposiciones encaminadas a una gestión del territorio forestal. En especial, han demandado a las comunidades autónomas que establezcan mecanismos y condiciones para incentivar las externalidades positivas de los terrenos que se hallen ubicados en espacios declarados protegidos o en los cuales existan acuerdos de custodia del territorio.
Por otro lado, han recalcado que la DANA del pasado octubre, que afectó principalmente a Valencia, debe marcar "un antes y un después", y que España tiene que elevar su ambición climática para cumplir con sus responsabilidades internacionales. Desde su punto de vista, la adaptación a los impactos del cambio climático es "urgente" y debe priorizar a las personas más vulnerables y las soluciones basadas en la naturaleza.
Por todo ello, han insistido en que el sistema energético debe ser más "justo, democrático y sostenible"; que el despliegue de energías renovables debe ser "compatible" con la biodiversidad, la producción sostenible de alimentos y las necesidades locales; y la sobreexplotación del agua se debe reducir para garantizar su disponibilidad, calidad y la protección de los ecosistemas acuáticos.
Por último, en lo que respecta a la salvaguarda del territorio y la economía circular, las organizaciones han solicitado que la regulación de la actividad minera se adapte a los estándares más estrictos de sostenibilidad y seguridad y que se implanten los planes de acción que protejan el suelo frente a su uso como receptor de residuos mezclados de la industrial y la agricultura.
En este mismo sentido, también han requerido que se garantice el derecho a un aire limpio mediante el cumplimiento de normativas más estrictas y la implementación de medidas locales eficaces; así como que se reduzca la generación de residuos y su toxicidad.
A través de un comunicado, los ecologistas han resaltado que la crisis climática y ecológica está asociada a su vez con una crisis social donde las personas en situación de mayor vulnerabilidad sufren los impactos ambientales con mayor intensidad. En su opinión, sin justicia social no habrá transición ecológica y sólo mediante la acción "coordinada y coherente" de las distintas políticas sectoriales será posible satisfacer los objetivos de la misma.
