Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, también conocido como MAR en los ambientes, ha sido con diferencia el mejor estratega político de los tiempos modernos, por encima incluso de personajes tan célebres como Julio Feo ( Hulio, para el socialismo), Pedro Arriola, Miguel Barroso, Jorge Moragas o Iván Redondo. Otros como Óscar López o Diego Rubio no le llegan al pucelano ni a la pantorra.
Lo saben en la profesión hasta los que más le detestan, que no son pocos. Aznar le descubrió a orillas del Pisuerga y Ayuso le ha devuelto la celebridad que por sus hechos se ha ganado, entre ellos apuntalar las mayorías absolutas de los políticos a los que con exitosos resultados ha asesorado. Por eso sabe el sanchismo que para acabar con Ayuso tienen también que aniquilar a MAR, estrategia homicida en la que llevan años sin hallar caminos. Los capataces de Pedro creían haberlo encontrado en el Caso Alvarone, el Fiscal General de Sánchez al que persigue la Justicia por pretender defender la legalidad a base de ilegalidades.
De manera que acusan a Rodríguez de ser el verdadero filtrador el expediente fiscal de un ciudadano apellidado González Amador, a la sazón novio de la presidenta de la CAM. Sabido es que los datos de Hacienda de cualquier contribuyente son tan sagrados que ninguna autoridad los puede hacer públicos, so pena de incurrir en un delito de relevante gravedad. Y de eso es de lo que se acusa a García Ortiz, con diferentes agravantes: uno, que lo hacía supuestamente para favorecer a un partido político; dos, utilizando los medios del Estado contra un oponente político; tres, con la alarmante sospecha de que ha podido destruir pruebas, o al menos impedir que los agentes de la UCO y el juez del caso accedan a su teléfono móvil, que le podría imputar; y cuatro, perjudicando, en su obstinada decisión de permanecer en el cargo mientras se le investiga, de una manera más que lamentable a la institución que representa.
Para cubrir tan escandaloso comportamiento, la máquina fangosa de Moncloa puso en marcha la estrategia de desinformar con el presunto bulo de que el filtrador del expediente no fue Álvaro "Alvarone" sino MAR, ante lo que éste tuvo que precisar ayer, delante del juez, que sí, él recibió un mail de González Amador donde el fiscal del caso, señor Salto, se abría a un posible pacto, y se lo filtró a los periodistas 13 horas después de haberlo recibido, con el único objetivo de detener la versión ya circulante, previamente filtrada, según la cual el Ministerio Público no estaba abierto a ningún tipo de acuerdo de conformidad entre las partes.
En fin, que le están dando vueltas a la pelota para justificar lo que no tiene justificación. Con la verdad, y p’alante, dice MAR: la Fiscalía no puede, ni debe, puesto que es delito, hacer públicas conversaciones de mail entre el abogado de un contribuyente y el Ministerio Público. Se vulneran los derechos del afectado y los de la defensa, todo agravado por el hecho de hacerlo para perjudicar a un oponente político. De manera que no le falta razón a Rodríguez cuando dice que Álvaro García Ortiz debe ser juzgado y “condenado de manera ejemplar” para que “a nadie más se le ocurra difundir el expediente secreto de un ciudadano”.
Y ojo al Caso Hermanísimo: “alguien” se dedicó a borrar correos electrónicos que detallaban los pormenores de la adscripción del músico a la Diputación de Badajoz. La primera vez que se contrata a un director que no es profesor. El puesto se creó “ad hoc”. Por ser quién era, o sea.
